El reclutamiento forzado de menores en el Huila ha aumentado un 138 % en el último año, una cifra alarmante que refleja la creciente expansión de los grupos armados en la región. La ONU y comunidades indígenas denuncian que los niños son las principales víctimas de este crimen de guerra, mientras las autoridades intentan frenar una crisis que amenaza con arrebatarle el futuro a toda una generación.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
En el mes de octubre del 2024, las calles del municipio de La Plata, Huila, se llenaron de manifestantes con pancartas y globos blancos exigiendo la liberación de Leydi y Melanie Scarlet, dos niñas de apenas 12 años que fueron reclutadas por las disidencias de las Farc. Su caso es apenas una muestra de una problemática alarmante: el reclutamiento forzado de menores en la región ha aumentado un 138 % en el último año, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Este es tal vez el delito que mayor preocupación, después de estos actos terroristas y de los homicidios y las masacres, genera en el departamento del Huila. Somos, según las estadísticas, el segundo departamento en donde mayores casos de reclutamiento se han presentado, focalizado especialmente en el municipio de La Plata”, sostuvo Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno, seguridad y asuntos comunitarios del Huila.
De acuerdo con el funcionario, el gobierno departamental ha solicitado, reiteradamente, una sesión de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) en el municipio de La Plata, para convocar a las entidades del orden nacional y tomar medidas con relación a este flagelo que está afectando de manera muy grave a esta región.
“Este fue precisamente un tema que se abordó en el Consejo de Seguridad en el municipio de La Plata, con la presencia del ministro y la cúpula militar, porque mientras que la fuerza pública está dando unos golpes contundentes en contra de estas estructuras criminales, la capacidad de reciclarse y de atraer a los jóvenes con engaños y con diferentes propuestas de recursos económicos, de motos, incluso haciendo ver la vinculación a estos grupos armados ilegales como una aventura, pues está generando que muchos jóvenes se sientan tentados o inclinados a vincularse a estos grupos armados ilegales, asociado a otros factores familiares y económicos que también están incidiendo de manera muy importante en esta situación”, indicó el secretario de gobierno, seguridad y asuntos comunitarios del Huila.
Según Casallas, solamente el año pasado la Fiscalía recibió 35 denuncias de reclutamiento de menores, no obstante, la Defensoría del Pueblo reportó un número muy inferior, sin embargo, se conoce que hay subregistros, pues las cifras siguen siendo muy altos.
“Solamente la comunidad indígena del resguardo de Río Negro en el municipio de Iquira denunció cerca de 30 casos de reclutamiento de la población indígena a través de los medios de comunicación y por supuesto que este es un tema que el gobierno departamental y es la instrucción que recibe el señor gobernador que se debe atender desde el enfoque de seguridad humana, donde lleguemos con fuerza pública protegiendo y acompañando a la población civil pero también con inversiones y en ese sentido desde el año inmediatamente anterior se viene adelantando acciones e inversiones no solamente con las comunidades indígenas sino en los territorios, en los municipios focalizados en donde hemos detectado riesgo de reclutamiento de menores, por supuesto que en esto también incide de manera muy importante la atención y la denuncia oportuna por parte de los padres de familia, de los profesores, de las redes de apoyo y hemos activado los equipos de acción inmediata precisamente para proteger a los menores pero adicionalmente para reaccionar en los casos en los cuales el reclutamiento sea consumado”, manifestó Casallas.
De acuerdo con la priorización de la CIPRUNNA y la información que se tenía de los equipos de acción inmediata, riesgos en zona rural de Neiva, incluso en algunas comunas del municipio de Neiva, igualmente en el municipio de Iquira, Nátaga, Colombia.
“Incluso recientemente en la última mesa de seguridad tuvimos ocasión de analizar un caso de riesgo en el municipio de Guadalupe y frente a todos estos casos hemos venido adoptando medidas para evitar que nuevos casos de reclutamiento se presenten en el departamento del Huila”, concluyó el secretario.
Impacto del conflicto
Entre 2022 y 2024, la ONU documentó 46 casos de graves violaciones a los derechos humanos de la niñez en el marco del conflicto armado en Huila. Estas violaciones no se limitan al reclutamiento forzado, sino que incluyen desplazamiento forzado por riesgo de ser reclutados y, en algunos casos, la muerte de menores de edad dentro de las filas de los grupos armados.
El representante encargado de ONU Derechos Humanos en Colombia, Juan Carlos Monge, explicó que este aumento en el reclutamiento infantil se debe a la expansión de los grupos armados en el territorio. “Buscan ejercer control en la zona y acosan cada vez más a los pueblos indígenas”, advirtió Monge. La disputa territorial entre las disidencias de las Farc, el ‘Estado Mayor Central’ y la ‘Segunda Marquetalia’ ha generado una creciente necesidad de nuevos combatientes, y los menores son un blanco fácil para estos grupos.
Monge también señaló que la única manera de contrarrestar esta problemática es garantizar los derechos esenciales de la población. “Si el Estado cumple con la garantía de los derechos esenciales además de los civiles y políticos, se puede contrarrestar el reclutamiento y proteger a la niñez”, insistió.
La alerta persiste
La Defensoría del Pueblo ha alertado en reiteradas ocasiones sobre el aumento del reclutamiento forzado en Colombia y ha advertido que el reacomodamiento de los grupos armados ha generado una mayor necesidad de combatientes. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado estrategias de prevención y protección de la niñez, pero las comunidades afectadas consideran que estas medidas aún son insuficientes.
El Consejo Regional Indígena del Huila, junto con la Gobernación del departamento, ha impulsado acciones de sensibilización y denuncia para visibilizar la problemática. Sin embargo, el llamado sigue siendo claro: el Estado debe garantizar seguridad en los territorios, fortalecer la presencia de la institucionalidad y ofrecer alternativas educativas y laborales para los jóvenes que son blanco de los reclutadores.
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el Huila no es solo un problema local, sino una violación grave a los derechos humanos que afecta a toda la sociedad. La comunidad internacional, el Estado y la ciudadanía deben actuar con urgencia para frenar este flagelo antes de que más menores sean víctimas de un conflicto que les arrebata su infancia y su futuro.
Desde Naciones Unidas hasta los líderes indígenas, el llamado es unánime: se deben tomar acciones inmediatas para garantizar la protección de la niñez y evitar que más familias tengan que vivir el dolor de perder a sus hijos en las filas de los grupos armados ilegales.
Además, la Procuraduría General de la Nación, instó al Gobierno Nacional a priorizar a los niños, niñas y adolescentes en las agendas de negociación de paz con los grupos armados ilegales. En cumplimiento de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el ente de control pidió que estas organizaciones, desvinculen de inmediato a los menores de edad y cesen definitivamente la práctica de reclutarlos para sus fines ilegales.
En el 2024
En este sentido, se ha registrado un preocupante incremento en los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia, reveló el más reciente reporte sobre casos conocidos por la Defensoría del Pueblo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Según datos registrados por la entidad, a través de sus 42 regionales en el país, el año pasado, 409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, lo que representa un aumento significativo respecto a los 342 casos registrados en 2023.
Los datos evidencian, asimismo, una concentración de casos de reclutamiento en ciertas regiones del territorio nacional, particularmente en zonas históricamente azotadas por el conflicto armado. El Cauca, con 300 casos reportados, fue el departamento más afectado.
En cuanto a los grupos armados que más reclutan en el país, el Estado Mayor Central, fue el principal grupo identificado en el reclutamiento de al menos 135 menores, siendo enero el mes con mayor número de casos reportados.
