La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la recontaminación con minas antipersonal en 53 municipios del país, pese a los esfuerzos del Estado y las labores de desminado. El uso de estos artefactos, prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, persiste como práctica común de grupos armados ilegales.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
En el marco del Día Internacional de Sensibilización Contra las Minas Antipersonal, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta preocupante sobre la reactivación del uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en Colombia. De acuerdo con el Ministerio Público, estas prácticas, prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), siguen siendo comunes en zonas con presencia de grupos armados ilegales y altos índices de inseguridad.
Durante un conversatorio sobre Desminado Humanitario, en el que participaron instituciones oficiales, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz dio a conocer cifras alarmantes sobre la situación actual. Según datos del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA), 53 municipios que habían sido declarados libres de sospecha de minas han sido recontaminados.
Además, se informó que actualmente se desarrollan operaciones de desminado humanitario en 84 municipios, y hay 102 más pendientes de intervención. Esta situación representa un retroceso importante en los esfuerzos por erradicar este flagelo, que afecta principalmente a poblaciones rurales y vulnerables, como campesinos, niños y comunidades indígenas.
Grupos armados persisten en el uso de minas
A pesar de las acciones adelantadas por el Gobierno nacional para reducir los niveles de violencia y promover la paz, organizaciones criminales continúan utilizando minas antipersonal como estrategia de control territorial y disuasión frente a la fuerza pública y la población civil.
“Es inaceptable que mientras se buscan acuerdos de paz, algunos actores armados sigan sembrando el miedo y el dolor en las comunidades mediante el uso de estos dispositivos letales”, manifestó la Procuraduría, que insistió en la necesidad de incluir el abandono del uso de minas como condición obligatoria en las negociaciones con estos grupos.
Falta una política pública actualizada
Otro de los puntos críticos señalados por el Ministerio Público es la ausencia de una política pública actualizada para enfrentar el problema. Desde 2019 no se cuenta con un documento Conpes que articule los esfuerzos del Estado en la lucha contra las minas antipersonal, lo que, según la Procuraduría, limita significativamente la planificación estratégica y la capacidad de respuesta.
En ese sentido, se recomendó al Gobierno nacional actualizar y fortalecer el marco normativo y operativo que rige el desminado humanitario, además de garantizar los recursos necesarios para continuar con las labores de limpieza y atención a las víctimas.
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Acceso humanitario: un reto persistente
La Procuraduría también hizo un llamado a garantizar el acceso de las organizaciones humanitarias a los territorios más afectados. En muchas zonas, el conflicto armado y el control de grupos ilegales impiden la entrada de equipos de desminado, lo que prolonga el riesgo para la población civil.
Asimismo, se resaltó la importancia de campañas de sensibilización y educación comunitaria para prevenir accidentes con estos artefactos, especialmente entre los niños y jóvenes de áreas rurales, que son los más vulnerables a estos peligros.
Un llamado al compromiso nacional
El balance presentado por la Procuraduría pone de relieve que, aunque se han logrado avances importantes, el camino hacia un país libre de minas aún enfrenta enormes desafíos. La recontaminación de más de 50 municipios refleja la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos institucionales, exigir compromisos reales a los actores armados y garantizar la seguridad de las comunidades.
“El desminado no puede ser solo una tarea técnica, sino un acto humanitario y de justicia para quienes han vivido décadas atrapados en medio del conflicto”, concluyó el procurador delegado, quien instó a todos los sectores a sumar voluntades para erradicar de forma definitiva este flagelo que sigue cobrando vidas en Colombia.
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