El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Internet Solidario’, una iniciativa que busca desarrollar el derecho fundamental al acceso a internet y establecer el internet fijo como un servicio público domiciliario al alcance de todos los colombianos.
El proyecto contempla un esquema de subsidios dirigidos a los hogares más vulnerables. En particular, las familias de estrato 1 registradas en el Sisbén A, con servicio de energía y estudiantes activos, podrían recibir un descuento de hasta el 55 % en el valor de su factura mensual de internet fijo.
Para garantizar la sostenibilidad de esta medida, la iniciativa plantea que los hogares de estratos 5 y 6, junto con las grandes empresas comerciales e industriales, realicen un aporte solidario del 30 % adicional en su factura, recursos que serían destinados a subsidiar a los sectores más necesitados.
“El acceso a internet no debe ser un lujo sino un prerrequisito para la inclusión social, la equidad y la participación plena en la vida económica, política, educativa y cultural. Con este proyecto lograremos asegurar el derecho fundamental que tienen todos los colombianos de acceder a internet de calidad y así disminuir la pobreza de internet, que en Colombia se calcula en un 22 %”, afirmó el ministro Molina.
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Entre los puntos clave del articulado se destaca que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), junto con el MinTIC, definirá las condiciones técnicas y económicas de una tarifa especial solidaria para nuevos usuarios de estrato 1, que rondaría los 35.000 pesos mensuales.
Según cifras del ministerio, actualmente los hogares más pobres del país destinan hasta el 30 % de sus ingresos totales para pagar internet fijo, lo que evidencia una profunda desigualdad en la conectividad: todos pagan la misma tarifa, sin importar su capacidad económica, lo que limita el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la participación ciudadana.
El proyecto de ley busca, además, obligar a los operadores de internet a ofrecer planes más asequibles y tarifas diferenciadas para las familias de bajos recursos, como parte de un nuevo pacto social basado en la solidaridad entre estratos.
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