La quema y destrucción de las obras que viene desarrollando el Peaje ubicado en jurisdicción del municipio de Hobo, en la madrugada del día anterior por la minga indígena adonde arribaron cerca de 100 integrantes de los resguardos del departamento, que se encuentran acantonados en campamentos ubicados cerca del peaje los Cauchos, han generado repudio por parte de la opinión pública. Aunque se ha generado rechazo por la instalación de un nuevo peaje, que suman cinco casetas en menos de 200 kilómetros en territorio huilense, cuyos acuerdos se desarrollaron en épocas pretéritas por los dirigentes políticos y gobernantes, quienes avalaron con bombos y platillos dichas construcciones. Infortunadamente estos pactos contractuales establecidos entre el gobierno nacional y la Concesionaria de la Ruta 45, quienes están actualmente llevando a cabo dichas obras. Todos somos testigos de la ejecución de éstas, los cuales se están cumpliendo con los cronogramas previamente establecidos. Si el gobierno no asigna los recursos para tal efecto, toca acudir a estas alianzas públicas privadas, poder desarrollar grandes inversiones en infraestructura, que conduzcan a mejorar el bienestar de las familias colombianas.
Lo que, si es rechazable, es que el gobierno nacional siga financiando el transporte, manutención y demás gastos para que estos indígenas cometan actos terroristas en el país. Estas formas de realizar estas protestas sociales, no se pueden avalar por la parte de la ciudadanía, porque se utilizan recursos del erario o sea de nuestros impuestos que pagamos con mucho esfuerzo, para que se sigan auspiciando que sectores afectos al ejecutivo, sigan cometiendo esta clase de actos delincuenciales. La utilización de chivas, carros blindados para cometer estos actos terroristas, desbordan la sana protesta social de estas organizaciones sociales. Algo absurdo que se presenten estos esperpentos criminales. El gobierno nacional, tiene la sana obligación de proteger el desarrollo de estas obras que avanzan a buen término. Igualmente es cierto, que la frustración de todos los involucrados con los peajes en las vías colombianas es comprensible. Las personas están cansadas de pagar cada vez más; los transportadores ven cómo sus costos siguen aumentando por múltiples factores; el gobierno se siente atado de manos por contratos firmados hace más de una década y los encargados de las concesiones temen no poder garantizar la sostenibilidad financiera que les prometieron a cambio de apoyar el desarrollo del país. La solución no es sencilla. Además de un proyecto de ley que se anuncia en el Congreso y una muy difícil renegociación de los contratos ya pactados, es fundamental que los administradores de las concesiones tengan las herramientas para prestar un mejor mantenimiento de las vías. Colombia sigue siendo un país en construcción y necesita la inversión privada para avanzar. El proyecto de ley en el Congreso que pide separar los peajes cada 150 kilómetros por lo menos, a futuro, es un buen inicio
