Juanita Tovar
Kelly Johana Plazas Mana, una mujer de 43 años, que desapareció el 1 de marzo del 2024 mientras se dirigía a vender o negociar un lote en el kilómetro 13 de la vía Rivera, en el águila, se había separado hace cinco años de su entonces pareja, cansada del maltrato verbal y psicológico de los que era víctima.
Ya pasó un año y dos meses después de su desaparición, su familia no solo lucha por saber qué pasó realmente con ella, sino también por no tener que enfrentarse cara a cara con el hombre al que acusan de haber orquestado su desaparición: su expareja, Fidel Borrero Solano. Y es que, en Colombia, pedir justicia suele ser apenas el inicio de otra larga y dolorosa batalla.
El juicio oral contra Borrero Solano y otros dos acusados —Alexis Sotelo Salas y Rafael Antonio Puentes Ortega— comenzó esta semana con un testimonio estremecedor: el de Ismael Arturo Sandino Puentes, alias ‘Sancocho’, quien aseguró ante el juez que escuchó de boca del propio Borrero la intención de “hacer desaparecer” a Kelly Johana. “Yo quiero que me la desaparezcan, que hagan de cuenta que es un secuestro”, narró, mientras pedía perdón por decir la verdad. El relato es crudo, pero también revelador: una historia marcada por amenazas, drogas, maltratos, fotografías íntimas usadas como armas, y un plan para desaparecer a una mujer cuya única “falta” fue intentar rehacer su vida tras una relación violenta.
La familia de Kelly ha solicitado que las audiencias se realicen de forma virtual. No es un capricho. Tienen miedo, y tienen razones para tenerlo. El Inpec ha advertido que no cuenta con los medios para garantizar el traslado de los acusados, lo que podría derivar en la suspensión de las audiencias y abrir la puerta a una posible libertad por vencimiento de términos. Es decir: no solo podrían no pagar por lo que se les acusa, sino que podrían quedar libres por tecnicismos que la justicia colombiana ha normalizado y muchos bandidos usan a su favor.
El abogado de la familia, Francisco Bernate, apeló a lo que ya ha dicho la Corte Constitucional: que en casos de violencia basada en género, debe primar la protección de las víctimas. ¿No es este justamente uno de esos casos? ¿No basta con la desaparición, el dolor, las amenazas y el miedo?
Lo más alarmante es que la justicia parece ir a paso lento, mientras la impunidad avanza a zancadas. La historia de Kelly Johana no puede convertirse en otro expediente frío, y guardado en los anaqueles de la burocracia judicial. Su voz ya no está para contar lo que vivió, pero las pruebas, las denuncias previas por maltrato y las amenazas documentadas están ahí. Y hay testigos que han hablado, aunque el miedo los rodee.
No se trata solo de juzgar a tres hombres. Se trata de demostrar que en Colombia no se puede desaparecer a una mujer y luego confiar en que el sistema judicial se diluya entre aplazamientos, traslados imposibles y vencimientos de términos. La justicia que tarda, también es una justicia que falla. Y la justicia que duda, enmudece.
El próximo 19 de mayo continúa el juicio. Que no se suspenda. Que no se pierda tiempo. Que no se repita la historia de tantas otras mujeres desaparecidas, cuyos nombres apenas se recuerdan en los aniversarios del silencio. La familia de Kelly no pide privilegios. Pide lo mínimo: verdad, justicia y que su dolor no sea ignorado por un Estado que les debe respuestas.
