Por: Ernesto Cardoso Camacho
El cobarde atentado contra Miguel Uribe Turbay que lo tiene entre la vida y la muerte, luego de 14 días atendido con esmero en la Fundación Santa Fe y acompañado por las oraciones de millones de colombianos implorando un milagro; permitió concitar la solidaridad humana expresada de manera muy nutrida en la MARCHA DEL SILENCIO en la que se pudo palpar el hastío ciudadano con la confrontación verbal originada en la polarización política y el rotundo rechazo a la violencia.
Al tiempo la crispación política llegó a su clímax con ocasión del trámite final de la reforma laboral en el senado, luego de la presión ejercida por el presidente con su propuesta de Consulta Popular.
En este particular escenario le ha correspondido a la rama judicial ejercer su atribución constitucional para dirimir el conflicto jurídico que enfrenta a las otras dos ramas del poder público. Al respecto conviene decir que, a pesar de tanta alharaca de algunos protagonistas, estimulada por los medios de comunicación con nefasta réplica en las redes sociales; la frágil democracia colombiana no sucumbe ante los tormentosos hechos padecidos, ni las instituciones republicanas van a ser desbordadas por los apetitos de poder de uno y otro lado de la polarización.
Ya sea que, por la conciliación legislativa de la reforma entre los textos aprobados; o por la no inclusión los dos temas que el gobierno solicita incluir, referidos a los contratos en el sector rural y el reconocimiento legal de la incapacidad por el fenómeno natural de la menstruación femenina; es indudable que el llamado “decretazo” que convoca a la Consulta, muy probablemente sería declarado inconstitucional por la Corte o en su defecto, declarado nulo por la jurisdicción contenciosa administrativa en el Consejo de Estado.
De esta manera el gobierno tendría que aceptar y respetar la decisión judicial, pues de lo contrario, si incurriera en realidad en quebrantar la separación de poderes y pretender así un golpe de Estado con funestas consecuencias para la convivencia pacífica entre todos los colombianos.
Con los hechos sucedidos y los eventuales que podrían ocurrir, es evidente que nuestro sistema democrático regido por el Estado Social de Derecho se encuentra en lo que podríamos llamar “punto de quiebre”, dado que, por una parte; si el gobierno Petro insiste en su apelación a la soberanía popular mutando su interés político hacia una Asamblea Constituyente; y por la otra los partidos de oposición también radicalizan la defensa de las instituciones vigentes y la separación de poderes; la crisis política escalaría a situaciones impredecibles.
No obstante, lo deseable, sensato y democrático, es que dicho punto de quiebre gire hacia un Acuerdo Político donde el consenso y la capacidad de concertación entre unos y otros, permita afianzar la democracia institucional para tramitar desde la próxima legislatura que comienza el próximo 20 de julio, reformas estructurales que vigoricen el sistema y definan instrumentos legales muy eficaces para sanear la política; mejorar la gestión del Estado en beneficio del ciudadano; y combatir en serio la corrupción.
Ya hemos padecido demasiados horrores de violencia como para mantenernos en la confrontación intolerante y excluyente; cuando la diversidad que nos caracteriza como territorio, cultura y convicciones ideológicas, son la gran riqueza que hemos desperdiciado para alcanzar el nivel de desarrollo, progreso y bienestar que nos merecemos.
Ojalá el triste episodio ocurrido con la promisoria figura de Miguel sea ese “punto de quiebre” que nos reconcilie y nos permita recuperar el sendero que nunca deberíamos haber perdido. Exijámosles a nuestros dirigentes de ambas orillas ideológicas responsabilidad, sensatez y liderazgos con reales capacidades de servicio colectivo, renunciando a vanidades y mezquinos intereses personales. Sería el mejor homenaje que les podríamos ofrecer a tantas víctimas de la violencia fratricida.Eduardo Montealegre considera que no se requiere acudir al legislativo pues el pueblo es soberano. ¿Quién ganaría esta batalla política y jurídica? La última palabra la tiene la Corte Constitucional. Y recuerden: los magistrados de esta alta corporación son elegidos por el Senado de la República.
