Luego de nueve años de este proyecto que buscaba construir seis megacolegios, lo único que se ventila son actos de corrupción, sin una obra concreta y terminada.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
UNIDAD INVESTIGATIVA
En el 2016, el Ministerio de Educación Nacional del gobierno de Juan Manuel Santos, ofreció cofinanciar la construcción de 10 colegios, bajo la estrategia de Implementación de Jornada Única, en el marco del programa de infraestructura, denominado “Colegio 10”.
Lo que en su momento se pensó fue crear una planta física que respondiera a los requerimientos de las actividades pedagógicas de su Plan de Estudio y para ello, una necesaria dotación de aulas de clases, laboratorios, bibliotecas, áreas administrativas, restaurante comedor, baterías sanitarias, aulas tecnológicas, aulas polivalentes, y en general, todos los espacios necesarios para la permanencia de los estudiantes en jornada única.
A finales del 2016, la historia de los colegios 10 se desdibujó y ante el retiro de los recursos por parte del Ministerio, el gobierno departamental de Carlos Julio González Villa (2016-2019), decidió continuar con el proyecto de la construcción de los nuevos colegios, asumiendo el 100% de los recursos para la obra, interventoría y obras complementarias. Al no contar con el apoyo del ministerio, el proyecto de construcción de los colegios adquirió el nombre de “Colegios la Felicidad”.
Los problemas del contratista
Hace cuatro años el proyecto de los ‘Colegios de la Felicidad’ se vio inmerso en un escándalo de corrupción a nivel nacional. A consecuencia de una decisión judicial que vinculaba a un integrante del consorcio constructor de las instituciones con el escándalo Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, en el departamento del Huila fueron suspendidas las obras de las seis instituciones educativas que se desarrollaban en el marco del mega proyecto. La orden se emitió por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En su momento la secretaria de Educación Departamental, Milena Oliveros, en el gobierno de Luis Enrique Dussán, indicó que “uno de los socios del Consorcio Huila Con Futuro -que construye los colegios- salió salpicado con el proceso Mintic, él tenía el 15% de las acciones con el contratista del Huila. Cuando esto pasó para no parar las obras, se buscó que esta persona cediera su 15% a otra que le interesara venir a formar parte del proyecto ‘Colegios de la Felicidad’.
Hacia abril de 2022 la Secretaria de Educación dio a conocer que la reanudación de las obras para terminar los seis ‘Colegios de la Felicidad’ podría darse pronto ante la salida de la firma contratista Intec de la Costa S.A.S del consorcio ‘Huila Con Futuro’. Sin embargo, en septiembre del 2022, un año después de haber quedado paralizadas las obras, los seis colegios públicos quedaron en riesgo. Según la Contraloría antes de la suspensión, el contrato ya estaba vencido.
Una propuesta relacionada con la contratación de una consultoría dirigida a reactivar los “Colegios de la felicidad”, fue presentada por el secretario de Educación del Huila de la época.
Se pretendió conocer cómo se encontraban los 6 colegios cuya ejecución alcanzó entre el 66% y el 76%, infraestructura educativa que luego de 9 años, continúa inconclusa.
Esta consultoría tendría un valor de $440 millones, para diagnosticar las obras de infraestructura educativa correspondiente a los 6 Colegios de la Felicidad, y los pasos a seguir que permitan culminar estos proyectos.
Los colegios de la felicidad, están ubicados en los municipios de, Algeciras, El Agrado, El Pital, La Argentina, La Plata e Isnos.
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El proceso
El contrato fue dado al consorcio ‘Huila con Futuro’, el 21 de diciembre de 2018 en medio de una polémica audiencia pública donde hubo señalamientos de haber un favorecido. Sin embargo, esto no trascendió.
El presupuesto inicial fue estimado en 35.700 millones de pesos para construcción de la primera fase de seis colegios con un plazo de 12 meses. Sin embargo, después de tres adiciones en tiempo y en dinero, ascendió el valor a 45.536 millones de pesos. Pero lo más preocupante es que las obras quedaron inconclusas. Las obras no están terminadas y parte del anticipo desapareció.
¿Quiénes hacían parte del consorcio? La firma Proyectante, representada por Mauricio Javier Amar, dueño del 50% de la participación y representante del consorcio. Además, hacían parte la empresa Constructora Labco de Luis Molinas Malleu Zarate (con el 20%), La Macuira Inversiones de Darío Cohén Barros Zinmerman con el 15% e Intec de la Costa con el 15% restante, representado por Hugo Armando Canabal Hoyos, quien figuraba como socio de Emilio Tapia, condenado por el desfalco a Centros Poblados. Lo que se sabe es que Canabal fue capturado en el 2022 por el delito de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento.
El 26 de febrero de 2019 se firmó la interventoría con el Consorcio Interventores la Felicidad (contrato No. 0662 de 2019). Este negocio jurídico fue modificado con cuatro adiciones, tres en valor y una en tiempo. Además, se dieron dos suspensiones que a la postre modificaron el contrato a un valor final de $45.536 millones y plazo final de 25 meses que nunca cumplieron.
Lo que se sabe es que a la fecha se ha abierto un juicio fiscal. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción volvió a activar el proceso con el propósito de hallar responsabilidades fiscales por las obras que no han sido entregadas.
En este sentido, el 13 de noviembre del año pasado fueron vinculados al proceso dos exgobernadores, el jefe de contratación, tres secretarios de Educación, interventores y contratistas.
La política pública de Recursos Educativos
La Política Pública de Recursos Educativos atiende la necesidad del país de coordinar, armonizar y cohesionar la política educativa en torno a las condiciones de acceso y disponibilidad, y a la pertinencia y calidad de los recursos utilizados para fortalecer la enseñanza y enriquecer los aprendizajes de acuerdo con los currículos escolares.
La sistematización de experiencias internacionales y de la trayectoria nacional, junto con el proceso de construcción conceptual y la consulta permanente a la gestión pública sobre los recursos educativos, han sido los ejercicios centrales para la construcción de la política. Todo ello ha puesto en evidencia los estrechos lazos con los lineamientos y modelos curriculares y con la formación docente para hacer posible su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación.
De este modo, la Política Publica de Recursos Educativos funda un dominio de acción estatal que atiende al horizonte de inclusión y equidad, y aporta al cumplimiento del derecho a la educación a través de criterios que aseguran la calidad y pertinencia de los recursos, y de un ciclo de gestión que organiza y articula los niveles territoriales del sistema educativo para garantizar el acceso, la disponibilidad y la oportunidad de los recursos educativos en los establecimientos educativos del territorio colombiano.
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