Experta señala que los efectos de esta medida dependerán de su implementación y el acompañamiento que se le dé.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Aunque la reducción de la jornada busca mejorar la calidad de vida del trabajador, su aplicación podría representar un reto económico para sectores como el comercio, la vigilancia o la gastronomía, en especial si no va acompañada de una política de transición adecuada.
Con la entrada en vigencia de la reforma laboral establecida por la Ley 2466 de 2025, el país enfrenta una transformación en las relaciones laborales, con el objetivo de avanzar en la formalización del empleo, mejorar las condiciones de los trabajadores y armonizar la normativa nacional con estándares internacionales.
Uno de los cambios que ha generado más discusión es la reducción gradual de la jornada laboral, una medida que, si bien fue dispuesta desde 2021, ahora adquiere mayor protagonismo en el nuevo marco legal. ¿Qué tan positiva es esta medida y qué efectos económicos podría tener en un país donde predomina el trabajo informal y los micronegocios?
Una promesa de dignificación laboral
La disminución de la jornada laboral, según lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021, establece una reducción progresiva de las horas de trabajo semanales, pasando de 48 a un máximo de 42 horas. Esta disminución debe completarse en los próximos años y puede ser distribuida, por acuerdo entre empleador y trabajador, en cinco o seis días semanales, con respeto al día de descanso obligatorio y sin que ello implique una reducción del salario.
Desde el punto de vista social, esta medida se presenta como una oportunidad para dignificar el tiempo del trabajador, permitir más espacios para la vida familiar, el descanso, la formación o incluso para actividades de autocuidado.
“Más que una reducción horaria, esta medida redefine la relación entre el tiempo y el ingreso. Promete devolverle al trabajador horas de vida que históricamente se han sacrificado”, señala Alba Yaneth Varón, directora del programa de Economía de la Universidad Católica de Colombia.
¿Aumento del costo laboral?
Sin embargo, el impacto económico no puede ser ignorado. Reducir la jornada sin disminuir el salario supone, en la práctica, un aumento del costo por hora trabajada. Esto puede tener implicaciones directas en empresas que ya operan con márgenes estrechos o que requieren una alta presencia de personal.
«Esto pone presión sobre sectores con turnos largos y márgenes operativos reducidos, como el comercio, la gastronomía y la vigilancia, que deberán rediseñar sus jornadas o aumentar el personal», explica Varón. En otras palabras, un restaurante, una tienda de barrio o una empresa de seguridad podrían verse obligados a contratar más personal o ajustar su modelo de operación, lo que representa un desafío especialmente para los micronegocios.
Para muchos empleadores, el dilema será cómo mantener la productividad sin ampliar la nómina y sin sacrificar la eficiencia operativa.
Posibles riesgos: informalidad y recortes
Si bien desde un enfoque macroeconómico esta medida puede fortalecer el valor del trabajo, dinamizar el consumo interno e incentivar la productividad, también existen riesgos que deben considerarse. Entre ellos, la experta destaca la posibilidad de que algunas empresas recorten horas extras, ajusten bonificaciones o recurran a figuras contractuales irregulares.
“Podría presentarse una informalización encubierta, especialmente para quienes trabajan por días o por horas. El empleador puede optar por contratar en condiciones más flexibles, sin garantías, para evitar el incremento del costo laboral formal”, advirtió Varón.
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También existe la preocupación de que las horas reducidas no se traduzcan realmente en descanso o en tiempo libre, sino que se vean absorbidas por cargas laborales más intensas o por tareas fuera del horario formal.
Una transformación cultural del trabajo
Más allá de los aspectos legales y económicos, la experta hace énfasis en que el verdadero impacto de la reducción de la jornada se medirá en el mediano y largo plazo, dependiendo de cómo se implemente y del compromiso tanto del Estado como del sector empresarial.
“La reforma no se juzgará solo por lo que dice el decreto, sino por cómo se transforme —o no— la cultura del trabajo en el país”, afirmó. Para ella, es fundamental que este cambio sea acompañado de políticas públicas de orientación, fiscalización y transición para los sectores más vulnerables.
Al final, lo que está en juego no es solo el número de horas que se trabajan, sino la calidad del empleo, el equilibrio entre la vida personal y laboral, y la capacidad del país para asumir una transformación estructural de su mercado laboral.
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