El Concejo de Neiva encendió las alarmas. Un debate maratónico dejó al descubierto retrasos, vacíos técnicos y decisiones urgentes que definirán el futuro de la movilidad, el POT, la PTAR y los megaproyectos que la ciudad lleva años esperando.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
El Concejo de Neiva adelantó un extenso Debate de Control Político citado por el concejal Héctor Javier Osorio Botello, en el que participaron el gerente de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva (EPN), Andrés Eduardo Charry Guilombo; el secretario de Infraestructura, Germán Darío Sánchez Gómez; el director de Planeación Municipal, Camilo Fabián Gómez Segura; y la secretaria de Movilidad, Edna Johana Cruz Bonilla.
El propósito del encuentro fue revisar el estado real de algunos de los proyectos estratégicos más relevantes para Neiva: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR), el puente Caña Brava – El Tesoro, el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la situación del Estadio Guillermo Plazas Alcid y la movilidad urbana, considerada actualmente uno de los principales retos de la ciudad.
La jornada, que se extendió por varias horas, dejó en evidencia vacíos técnicos, retrasos administrativos, dificultades de gestión y la necesidad de adoptar decisiones de largo plazo para evitar que los proyectos sigan acumulando rezagos. También permitió contrastar posiciones entre los concejales y los funcionarios, especialmente frente a la viabilidad financiera, el cumplimiento normativo y la planeación futura de obras catalogadas como prioritarias.
PTAR: un proyecto indispensable pero cada vez más lejano
Uno de los temas centrales del debate fue el avance de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Neiva, un proyecto determinante para el saneamiento ambiental del municipio y para el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia de vertimientos. Sin embargo, la discusión evidenció que la PTAR continúa lejos de convertirse en realidad.
El concejal Héctor Javier Osorio expuso la complejidad técnica y normativa que enfrenta la obra. Recordó que la consultoría requerida debe cumplir 74 requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda, lo que implica un proceso extenso que involucra componentes ambientales, prediales, de riesgos, sociales y financieros. Señaló que no basta con diseñar la infraestructura, sino que se debe surtir todo el trámite ante la entidad nacional para garantizar que el proyecto pueda aspirar luego a la cofinanciación.
Osorio insistió en que, bajo el ritmo actual, la administración vigente solo alcanzaría a entregar estudios y diseños, siempre que se logre contratar la consultoría. El proceso podría tardar entre 12 y 16 meses, sin contar la posterior búsqueda de recursos para la construcción, cuyo costo preliminar está entre $300.000 y $350.000 millones. Recordó además que el gobierno nacional anterior no asignó recursos suficientes al alto Magdalena, lo que obliga a reforzar las gestiones con el nuevo Gobierno para garantizar la financiación.
A ello se suma un problema estructural: el cierre financiero para los estudios y diseños, cuyo monto ronda los $6.000 millones, todavía no está asegurado. Aunque algunas entidades podrían cofinanciar la obra en su etapa constructiva, no aportan recursos para la consultoría, lo que mantiene el proyecto sin punto de partida claro.
La versión de Las Ceibas
El gerente de Las Ceibas EPN, Andrés Eduardo Charry, expuso el estado actual de la PTAR. Confirmó que en años anteriores se destinaron más de $4.319 millones en consultorías que no alcanzaron su objetivo, entre ellas el contrato Hidrosan de 2017, archivado sin posibilidad de liquidación. Este antecedente obligó a iniciar un proceso completamente nuevo bajo la normativa vigente, particularmente el Decreto 661 y la Resolución 1799 del Ministerio de Vivienda.
Charry recordó que la licencia ambiental fue archivada en 2022, lo que obliga a volver a empezar: prefactibilidad, impactos ambientales actualizados, análisis de riesgos, vulnerabilidad, participación ciudadana y estudio predial. Informó que ya existen 13,2 hectáreas adquiridas en el sector norte del puente Santander, aunque todavía faltan cinco más para completar el área requerida.
El gerente reiteró que la próxima consultoría deberá integrar todos los componentes para garantizar la viabilidad ante el Ministerio, y una vez contratada tardaría mínimo un año en entregar los productos exigidos. Solo después de esta fase se podrá comenzar la gestión financiera en instancias nacionales.
La corporación solicitó a EPN acelerar los trámites, presentar un cronograma preciso y explicar con claridad a la ciudadanía en qué punto se encuentra realmente la obra, considerada una de las más esperadas para Neiva.
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Puente Caña Brava – El Tesoro: contrato suspendido por inconsistencias técnicas
Otro de los temas intensamente discutidos fue el contrato interadministrativo 1797 de 2024, firmado con la Universidad Nacional sede Manizales, el cual se encuentra suspendido. El concejal Osorio explicó que los entregables iniciales presentaron inconsistencias técnicas, administrativas y ambientales. Entre ellas están el uso incorrecto del caudal de referencia ambiental y observaciones emitidas por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM).
El secretario de Infraestructura, Germán Darío Sánchez, respondió que dichos errores fueron subsanados conforme a las recomendaciones de la supervisión técnica. Añadió que los retrasos también obedecieron a elementos externos, como la necesidad de obtener permisos especiales del Ministerio de Defensa para realizar trabajos topográficos dentro del cantón militar.
Sánchez señaló que la información ambiental entregada por distintas entidades no solo era incompleta, sino inconsistente, lo que obligó al contratista a ajustar varias veces los estudios. Pese a ello, manifestó que la secretaría continúa haciendo seguimiento al proceso para garantizar que el puente avance hacia su fase estructural.
Estadio Guillermo Plazas Alcid: convenio firmado, permisos pendientes
El concejal Osorio también advirtió sobre la situación del Estadio Guillermo Plazas Alcid. Aunque recientemente se firmó un convenio entre la Gobernación del Huila y el Municipio, la obra aún no puede iniciar. El proyecto no cuenta con plan parcial, licencia de urbanismo, permiso de demolición ni permisos de construcción, todos indispensables para el inicio de las obras.
El cabildante indicó que el propio convenio establece que las obras solo pueden comenzar una vez se cumpla con todos los requisitos normativos, lo que significa que la construcción podría iniciar hacia 2027, teniendo en cuenta los tiempos contractuales, las exigencias técnicas y la velocidad de los trámites.
POT: avances metodológicos, pero su adopción quedaría para el final del gobierno
En su intervención, el director de Planeación Municipal, Camilo Fabián Gómez, presentó los avances del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Explicó que el POT se desarrolla mediante la consultoría contratada con la Universidad Nacional sede Bogotá, bajo el contrato 1908 de 2025, y se encuentra estructurado en cuatro fases: Diagnóstico, Formulación, Adopción e Implementación.
Gómez aseguró que el proceso respeta las normas vigentes, como la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1232 de 2020, y que la consultoría entregará 10 productos técnicos. Estimó que el documento final podría llegar al Concejo entre el cierre de la administración actual y el inicio de la siguiente, lo que deja su debate y eventual aprobación en manos del próximo periodo de gobierno.
Movilidad en riesgo de colapso: Neiva no tiene plan de acción para descongestión
La secretaria de Movilidad, Edna Johana Cruz, reconoció que la ciudad no cuenta actualmente con un plan de acción específico para enfrentar la congestión vehicular, aunque sí existen estrategias enfocadas en seguridad vial y control.
Ante ello, aceptó la propuesta del concejal Osorio de conformar una instancia técnica interinstitucional integrada por Movilidad, Infraestructura, Planeación y Las Ceibas, enfocada en diseñar un plan de choque que incluya:
- Estudios de análisis vehicular
- Revisión de sentidos viales
- Evaluación de capacidades y niveles de servicio
- Diagnóstico de estacionamiento en vía
- Revisión del personal operativo
- Actualización del Plan Maestro de Movilidad
La funcionaria aclaró que el debate no fue convocado por propuestas de pico y placa, sino por la necesidad urgente de planificar estrategias que eviten un escenario de colapso vial en el corto y mediano plazo.
Intervenciones de los concejales: financiamiento, futuro legislativo e infraestructura
El concejal Roberto Escobar destacó la importancia técnica del debate y pidió claridad para la ciudadanía respecto a la cofinanciación nacional de la PTAR. Enfatizó que la obra requiere un apoyo financiero fuerte por parte del Gobierno Nacional, el cual no se garantizó en la administración anterior.
El concejal Juan Sebastián Prieto señaló que la siguiente legislatura y los congresistas del Huila deberán asumir la responsabilidad de gestionar recursos reales, sin continuar acumulando estudios sin garantía de ejecución futura.
Por su parte, el concejal Mauricio Rojas reiteró que medidas como el pico y placa no son adecuadas para la ciudad. En su concepto, la prioridad debe ser la inversión en infraestructura: circunvalar del oriente, ampliación de la avenida La Toma y continuidad de la calle 21. Aseguró que los trancones actuales obedecen más a la falta de obras que a la cantidad de vehículos.
Mesas técnicas y control permanente
El concejal Héctor Javier Osorio presentó varias propuestas institucionales:
- Crear una mesa técnica permanente para metodologías de evaluación de proyectos complejos.
- Conformar una instancia técnica en movilidad para diseñar el plan de choque.
- Realizar talleres sobre el POT en el Concejo.
- Elaborar un documento técnico dirigido al Tribunal Administrativo del Huila en el marco de las verificaciones de la sentencia relacionada con el ordenamiento territorial.
Tanto la secretaria de Movilidad como el director de Planeación confirmaron su disposición para integrar estos espacios.
El Concejo de Neiva anunció que continuará ejerciendo control político estricto para garantizar que los proyectos estratégicos de la ciudad avancen con rigor técnico, transparencia administrativa y visión de largo plazo.
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