El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, oficializó la creación de un nuevo patrimonio autónomo que unifica a iNNpulsa Colombia y Colombia Productiva, tras firmar un contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex.
La firma de este contrato da cumplimiento al Artículo 305 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que establece la creación de un solo patrimonio encargado de ejecutar las estrategias nacionales de reindustrialización, emprendimiento, innovación, desarrollo empresarial, productividad, competitividad y encadenamientos productivos.
El nuevo vehículo fiduciario mantendrá el nombre de iNNpulsa Colombia y tendrá bajo su responsabilidad la operación de los programas, instrumentos y recursos destinados a fortalecer el aparato productivo del país, especialmente en las regiones.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, lideró desde el inicio las mesas técnicas necesarias para la aprobación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que permitirá asegurar la operación del nuevo patrimonio autónomo durante el año 2025 y resolver los problemas de iliquidez que existían.
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Según la ministra, esta integración representa una evolución que recoge los aprendizajes de ambos patrimonios para consolidar una oferta más robusta de servicios. “Este nuevo patrimonio autónomo es una oportunidad para el país, porque se fortalece y consolida una oferta más robusta e integral de servicios que impulsen la reindustrialización. Nuestro propósito es que empresarios, emprendedores y unidades de la economía popular encuentren, en un mismo lugar, todas las herramientas que necesitan para crecer, innovar y ser más productivos”, aseguró Morales Rojas.
Uno de los beneficios directos de esta unificación será el ahorro en las comisiones fiduciarias, lo que se traducirá en más recursos disponibles para la inversión en las áreas clave de intervención.
Desde el 1 de julio comenzó el periodo de transición entre los antiguos patrimonios autónomos, que contaban con trayectorias de 12 y 16 años respectivamente.
Durante esta fase se implementarán las acciones necesarias para garantizar la continuidad jurídica y financiera de los programas y proyectos vigentes, sin afectar a los beneficiarios y asegurando la ejecución de la política pública definida en el Plan Nacional de Desarrollo.
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