Un proyecto de acto legislativo busca que policías y militares en servicio activo recuperen el derecho al voto en Colombia, con restricciones para mantener la neutralidad institucional.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Desde hace casi un siglo, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía en Colombia tienen prohibido participar en procesos electorales. La restricción, que se encuentra vigente desde 1930 y quedó plasmada en el artículo 219 de la Constitución de 1991, busca garantizar la neutralidad política de estas instituciones, evitando que su labor de seguridad se vea interferida por intereses partidarios. Sin embargo, dos congresistas acaban de radicar un proyecto que podría cambiar esa realidad.
Los representantes a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, y Juan Manuel Cortés, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, presentaron un acto legislativo con el cual pretenden que los uniformados tengan la posibilidad de acudir a las urnas como cualquier ciudadano. Ambos legisladores aseguran que se trata de un reconocimiento al rol de los miembros de la Fuerza Pública en la defensa de la democracia y de sus derechos como ciudadanos plenos.
“No son menos ciudadanos”
El representante Cortés, originario de Santander, sostuvo que los uniformados no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. “Miren, la fuerza pública no es menos ciudadano que nosotros. Ellos también tienen derecho a elegir quién los represente. Son los que defienden la democracia. Son nuestros héroes de la patria”, afirmó.
Por su parte, Uscátegui, quien se ha caracterizado por ser un férreo defensor de los militares y policías, explicó que el proyecto no aplicará de inmediato, pues busca que exista un tiempo prudencial para su implementación. De acuerdo con su exposición, la Registraduría Nacional y el Gobierno tendrían un año para reglamentar el mecanismo, por lo que, en caso de ser aprobado, no cobijaría las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
“Confiamos que sea aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara y que se le dé un año a la Registraduría y al Gobierno para reglamentar esta materia, es decir, que no aplicaría para las elecciones del año entrante, sino nos damos un plazo prudencial para que, entrando en vigencia, pero con la reglamentación, se haga efectivo dentro de cuatro años”, señaló el congresista del Centro Democrático.
Restricciones claras
El proyecto contempla limitaciones estrictas para mantener la imparcialidad de las instituciones militares y de policía. Aunque los uniformados podrían acudir a las urnas, no estarían autorizados para participar en campañas políticas, manifestar públicamente apoyo a algún candidato ni hacer proselitismo.
Además, las instalaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía quedarían expresamente excluidas como escenarios de actividades políticas, de modo que los equipos de campaña no podrían usarlas para dirigirse a los uniformados. La participación se limitaría exclusivamente al ejercicio del voto individual, garantizando así el secreto y la neutralidad.
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Según los autores de la iniciativa, estas restricciones son necesarias para equilibrar el derecho al voto con el principio de imparcialidad que rige a la Fuerza Pública. “Este proyecto garantiza neutralidad institucional, secreto del voto y sin participación en partidos políticos, pero reconoce la plena ciudadanía de quienes entregan su vida por Colombia”, señalaron.
Una discusión de fondo
La propuesta llega a un Congreso donde este tema no es nuevo. En distintas ocasiones se han presentado proyectos similares que nunca prosperaron, principalmente por el temor a una eventual politización de los cuerpos de seguridad. No obstante, los promotores insisten en que el contexto actual es distinto, ya que las Fuerzas Militares y de Policía han avanzado hacia la profesionalización y modernización de sus estructuras, lo que les permitiría ejercer su derecho sin comprometer su misión constitucional.
Uscátegui y Cortés también resaltaron que Colombia hace parte de un grupo reducido de países que aún impiden a sus uniformados votar, lo que consideran una anomalía frente a los estándares internacionales de democracia.
Ocho debates por delante
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá surtir ocho debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Los congresistas promotores confían en que exista un ambiente favorable para su discusión y eventual aprobación.
Mientras tanto, el debate está abierto. Para algunos sectores, permitir el voto de militares y policías es un acto de justicia ciudadana; para otros, representa un riesgo latente de introducir la política partidista en instituciones llamadas a mantenerse imparciales.
Lo cierto es que la propuesta reabre una discusión de fondo sobre el equilibrio entre derechos individuales y deberes institucionales, en un país donde la democracia aún busca fortalecer la confianza en sus procesos electorales y en la independencia de sus Fuerzas Armadas.
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