Una obra educativa de más de 11 mil millones de pesos podría convertirse en otro elefante blanco en Neiva. La Personería Municipal interpuso una acción popular por incumplimientos en la construcción del colegio Cacique Pigoanza, advirtiendo serias fallas que impiden su funcionamiento y ponen en riesgo derechos fundamentales de la comunidad.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La Personería Municipal de Neiva, en cabeza de su titular Jerson Andrés Bastidas Vargas, interpuso el pasado 11 de abril de 2025 una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila. Esta demanda judicial tiene como objetivo salvaguardar derechos colectivos presuntamente vulnerados en el marco del contrato de obra No. 030 de 2023, suscrito para la construcción de la Institución Educativa Cacique Pigoanza Fase I, en la comuna 6 de la capital huilense.
El documento de más de 100 páginas, dirigido al despacho del magistrado ponente Ramiro Aponte Pino, expone una serie de irregularidades que, según la Personería, comprometen la moralidad administrativa, el patrimonio público, el derecho fundamental a la educación y el uso adecuado de recursos del Sistema General de Regalías.
Un proyecto que comenzó con promesas y terminó en reclamos
La construcción del colegio Cacique Pigoanza fue una de las apuestas bandera del municipio de Neiva para mejorar la cobertura y calidad educativa. El proyecto, viabilizado y aprobado por el OCAD municipal con el número MGA 20234100010006, contemplaba una inversión de $11.148 millones de pesos, de los cuales $10.245 millones fueron destinados a la ejecución física de la obra y $903 millones a la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental.
El contrato fue adjudicado al Consorcio IE Cacique Pigoanza, representado por Edwin Alberto del Toro Camargo, y supervisado por la firma Conbases S.A.S., bajo la dirección de Juan Carlos Betancourt. El ejecutor designado fue el Fondo Mixto “Sierra Nevada”, con sede en Santa Marta.
Las obras iniciaron oficialmente en junio de 2023 y tenían un plazo contractual inicial de 8 meses. Sin embargo, lo que debía ser una solución para más de 960 niños, niñas y adolescentes de la comuna 6, hoy se encuentra empantanado entre retrasos, modificaciones no autorizadas y un futuro incierto.
Hallazgos que motivaron la acción popular
Según la acción interpuesta por la Personería, sustentada en visitas de seguimiento realizadas en 2024 y 2025, y en informes allegados por la Secretaría de Educación de Neiva, la Contraloría General de la República y veedores ciudadanos, la obra presenta una serie de incumplimientos graves:
- Retrasos injustificados que han llevado a la suscripción de cuatro prórrogas sin adiciones presupuestales.
- Alteraciones del alcance original del contrato, incluyendo la eliminación de ítems fundamentales como el restaurante escolar, la red contra incendios, el cerramiento perimetral y un bloque de aulas para media.
- Ausencia de autorización formal de las modificaciones por parte del Sistema General de Regalías.
- Falta de claridad sobre el estado real del contrato, dado el silencio de las partes contratistas frente a requerimientos de la Personería.
La acción popular también alerta que, a pesar de que el Fondo Mixto y el contratista reportan un avance físico del 89.98%, el avance financiero se encuentra en apenas 64.72%, lo que abre la puerta a un posible detrimento patrimonial, pues la infraestructura construida no podrá ser puesta en funcionamiento al no contar con los componentes necesarios para operar como institución educativa.
Silencio administrativo y falta de control
Uno de los elementos más graves expuestos en la demanda es el silencio de los principales actores contratados. Ni el Consorcio IE Cacique Pigoanza ni la interventoría Conbases S.A.S. respondieron al Oficio GDP2 – MR – 180 de marzo de 2025, mediante el cual la Personería intentó agotar el requisito de procedibilidad.
Este hecho ha sido interpretado como una falta a la transparencia, y una omisión que agrava la situación de desinformación y desconfianza que rodea el proyecto. Adicionalmente, la Secretaría de Educación de Neiva, en su respuesta a la Personería, admitió no tener control sobre el estado detallado del contrato, ya que la información contractual y de ejecución está completamente en manos del Fondo Mixto “Sierra Nevada”.
Una comunidad que clama respuestas
La acción popular da cuenta de múltiples solicitudes realizadas por líderes sociales, concejales y padres de familia, preocupados por la posibilidad de que el proyecto culmine sin poder ser utilizado, lo que afectaría de manera directa a los estudiantes de la comuna 6, y dejaría a la ciudad con otro caso de infraestructura educativa inconclusa.
“No es una simple demora en la entrega; estamos frente a una obra que, de culminarse en las condiciones actuales, no podrá abrir sus puertas. Y eso es un fracaso institucional que Neiva no se puede permitir”, señaló el personero Bastidas Vargas en declaraciones recientes.
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Derechos colectivos en riesgo
La Personería señala que al menos cinco derechos colectivos se encuentran vulnerados:
- Moralidad administrativa: por las decisiones unilaterales y no autorizadas en la ejecución del contrato, afectando el principio de legalidad y la ética pública.
- Patrimonio público: al invertirse más de $10.000 millones en una obra que no prestará servicio alguno de forma inmediata.
- Acceso a la educación: al comprometerse el funcionamiento de una institución destinada a más de 960 estudiantes.
- Urbanismo ordenado y calidad de vida: al dejar una infraestructura inconclusa en un entorno urbano denso, con riesgos de inseguridad.
- Uso del espacio público: por impedir que un bien destinado al interés general cumpla su función social.
¿Qué pide la Personería?
La acción popular no solo señala irregularidades, sino que exige al Tribunal ordenar medidas concretas para proteger los derechos colectivos, entre ellas:
- Que se garantice la ejecución completa del contrato de obra, respetando cada uno de los ítems originalmente pactados.
- Que se activen las pólizas de cumplimiento si se verifica un incumplimiento por parte del contratista y la interventoría.
- Que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Municipal establezcan un seguimiento especial y coordinado.
- Que se autorice la proyección presupuestal de una segunda o tercera fase si se requiere para que la obra cumpla con su propósito inicial.
- Que el Fondo Mixto “Sierra Nevada” entregue información clara y oportuna al público y a los órganos de control.
Un precedente para la defensa del interés colectivo
Este caso se ha convertido en una muestra clara de cómo una obra pública, ejecutada con dineros del Estado y con un impacto directo sobre un derecho fundamental como la educación, puede terminar siendo una amenaza para el mismo derecho que buscaba proteger.
Para la Personería de Neiva, esta acción popular es un acto de responsabilidad institucional, pero también una alerta temprana para evitar que se materialice un daño mayor.
El proceso judicial apenas comienza, pero ya genera expectativas en la ciudadanía, que espera una decisión ejemplar por parte del Tribunal Administrativo del Huila, que no solo asegure la finalización del colegio, sino que siente un precedente para que este tipo de prácticas no se repitan.
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