La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que solicita a la Corte Constitucional declarar exequible, en su totalidad, la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024, aprobada el año pasado por el Congreso de la República.
En su análisis, el ente de control consideró que el trámite legislativo se ajustó a los parámetros constitucionales y no presenta vicios que comprometan su validez jurídica.
El documento fue radicado el pasado 22 de abril como parte del control automático que debe surtir la norma ante el alto tribunal, teniendo en cuenta que se trata de una ley estatutaria en materia de derechos fundamentales. La reforma pensional, uno de los principales proyectos del actual gobierno, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro luego de superar su último debate en el Congreso en diciembre de 2024.
De acuerdo con la Procuraduría, el proceso legislativo cumplió con los requisitos formales exigidos por la Constitución, especialmente durante su paso por la Cámara de Representantes, donde fue objeto de estudio, modificación y debate. Por esta razón, la entidad solicita a la Corte que la norma sea declarada conforme al orden constitucional.
Le puede interesar: MinSalud alertó por correos fraudulentos relacionados con vacunación contra la fiebre amarilla
Advertencia sobre interpretación regresiva
En su intervención, el Ministerio Público también formuló una advertencia específica respecto al artículo 84.5 de la ley. En este punto, pidió a la Corte Constitucional evitar interpretaciones que puedan derivar en una regresividad de los derechos pensionales, especialmente de aquellos ya adquiridos por los ciudadanos bajo el régimen vigente.
La Procuraduría recordó que en materia de derechos sociales, el principio de no regresividad es un estándar constitucional y jurisprudencial que busca preservar los niveles de protección alcanzados por la población, particularmente en sistemas como el pensional, donde millones de personas dependen del cumplimiento de condiciones previamente reconocidas por el Estado.
Aunque la entrada en vigencia de la reforma pensional está prevista para el 1 de julio de 2025, la Procuraduría advirtió que la norma ya ha comenzado a generar efectos jurídicos y administrativos. Esto se debe a los ajustes institucionales que diferentes entidades han iniciado para adaptarse al nuevo modelo de pilares que contempla la ley.
La Corte Constitucional deberá ahora analizar los argumentos presentados por la Procuraduría y demás intervinientes, y posteriormente emitir un fallo que determine si la Ley 2381 se ajusta a la Carta Política.
Puede leer: Invías alerta sobre estafas a su nombre
