La Procuraduría General de la Nación anunció la emisión de un pliego de cargos contra el alcalde de Campoalegre, Huila, Víctor Ramón Vargas Salazar, y siete concejales del municipio, tras determinar que incurrieron en una presunta extralimitación de sus funciones al otorgarle facultades al mandatario local para modificar el presupuesto municipal, una competencia exclusiva e indelegable del Concejo.
Los concejales involucrados en la investigación son Ronal Eugenio Ferreira, José Santos Gracia Gutiérrez, Arizmendi Sánchez Marín, Elkin Mauricio Claros Méndez, Hernando Rodríguez Polanía, Omaira Polanía Navarro y Kevin Javier Torrejano Moreno, quienes ejercen su periodo entre 2024 y 2027.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, la firma del Acuerdo 001 del 31 de enero de 2024, mediante el cual el Concejo Municipal confirió al alcalde facultades extraordinarias para modificar el presupuesto, transgredió el ordenamiento jurídico, ya que dicha atribución recae únicamente en el cabildo municipal por mandato constitucional.
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Autorización ilegal
El ente de control detalló que el acuerdo en cuestión permitía al alcalde realizar traslados o adiciones presupuestales sin limitación alguna en cuanto al objeto, cuantía o partidas, lo que dejaba a discreción del mandatario la reestructuración financiera del municipio sin la debida supervisión y aprobación del Concejo.
«La autorización concedida al alcalde en el Acuerdo 001 del 31 de enero de 2024 fue ilegal, aunada a que fue concedida sin limitación alguna en el objeto, cuantía y partidas presupuestales, permitiendo de este modo que los traslados o adiciones se hicieran sin impedimento y a voluntad del mandatario local», precisó la Procuraduría en su auto de cargos.
El Ministerio Público también enfatizó que los concejales investigados tenían el deber de interpretar la normatividad vigente de manera coherente y acorde con los principios constitucionales que regulan el ejercicio de sus funciones.
En el caso del alcalde Víctor Ramón Vargas Salazar, la Procuraduría destacó que era inviable que solicitara facultades transitorias para modificar el presupuesto, ya que esta potestad radica exclusivamente en el Concejo Municipal, según la legislación colombiana.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de los investigados como una falta grave cometida con culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias contra el alcalde y los concejales implicados.
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