La Procuraduría General de la Nación solicitó nuevamente al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, información detallada sobre el procedimiento técnico utilizado para la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. Este requerimiento busca garantizar que la determinación de la UPC responda a un proceso técnico, participativo y ajustado a las realidades demográficas, epidemiológicas y económicas del país.
El Ministerio Público exhortó al Ministerio de Salud a considerar factores clave, como la inflación, la frecuencia de servicios y datos representativos suministrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Además, pidió acceso a los conceptos y análisis del Grupo de Apoyo Técnico y de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas que sustentan la definición de la UPC, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y suficiencia establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.
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La Procuraduría también requirió las actas de reuniones técnicas, mecanismos de retroalimentación empleados, y bases de datos con análisis de información proporcionada por las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado. Este seguimiento responde a denuncias de asociaciones de usuarios, pacientes, y representantes de hospitales y clínicas, quienes han señalado insuficiencias acumuladas en la UPC y su impacto en la sostenibilidad del sistema de salud.
Por último, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social solicitó información sobre posibles modificaciones en la metodología para la UPC 2025, así como ajustes previstos para atender nuevas condiciones de salud en la población. La entidad reitera la importancia de que estas decisiones sean el resultado de análisis técnicos y consultas con los diferentes actores del sector.
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