La entrega de tierras en el Páramo de Miraflores desató una fuerte controversia en el Huila. La Procuraduría ordenó frenar el proceso adelantado por la Agencia Nacional de Tierras, mientras comunidades campesinas e indígenas exigen diálogo para evitar un conflicto socioambiental.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Francy Villarreal Ruiz
La Asamblea Departamental del Huila desarrolló por cerca de siete horas la audiencia pública de carácter urgente y trascendental, donde se exigió claridad sobre el manejo, la protección y el futuro del Cerro Páramo de Miraflores, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes de la región.
La sesión, sustentada en la Proposición 038 de 2025, se desarrolló en el recinto Rodrigo Lara Bonilla, donde hizo presencia y participaron las autoridades departamentales y municipales, así como organizaciones ambientales, líderes campesinos, comunidades locales y ciudadanía en general.
El Páramo de Miraflores, ubicado en el corazón del Huila, se ha convertido en un símbolo de resistencia socioambiental. Su preservación representa no solo una garantía para la seguridad hídrica de millones, sino también un compromiso ético con la biodiversidad y los derechos de las comunidades rurales que históricamente han habitado y cuidado estos territorios.
Entre los invitados especiales a la audiencia figuran altos funcionarios y tomadores de decisiones clave como el director de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM; Camilo Augusto Agudelo, Lester Fabián Garrido, director territorial de la Agencia Nacional de Tierras en Huila, y de más representantes de los Ministerios de Ambiente y Agricultura, el Consejo Nacional de Tierras, la Procuraduría Agraria, y el Comité Sectorial del Páramo.
También han sido citados los alcaldes y concejos municipales de Algeciras, Gigante, Garzón, Guadalupe y Suaza, municipios directa o indirectamente vinculados al área de influencia del páramo.
El objetivo del espacio fue el que la CAM rindiera cuentas sobre las estrategias de protección, monitoreo y control implementadas hasta la fecha, y que también la Agencia Nacional de Tierra, informe con transparencia sobre la adquisición, entrega y vocación productiva de predios rurales en el área.
Más allá de los tecnicismos, la audiencia reflejaba un clamor colectivo de un pueblo que reclama su derecho a decidir sobre el uso de sus recursos, a proteger su agua y a preservar su riqueza natural para las futuras generaciones.
En juego no solo está el futuro del Páramo de Miraflores, sino la capacidad de las instituciones para actuar con responsabilidad, transparencia y coherencia frente a los retos del cambio climático y el desarrollo rural sostenible.
CAM se pronunció
Según Camilo Augusto Agudelo director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM como entidad ambiental tiene pleno conocimiento que el Cerro Páramo de Miraflores, es un predio sobre el cual la corporación emitió tres conceptos en el proceso de compra, dejando la claridad de que el predio se superponía con el Parque Natural Regional Cerro Paramo de Miraflores. Además, agregó el director que la Constitución Nacional protege los parques Nacionales, por tanto, las demás normas y toda la jurisprudencia ha sido reiterativa.
“Esta actuación que están desarrollando y quiero ser claro en esto, de adquirir predios con fines de Reforma Agraria, de adquirir predios para llevar nuevas comunidades a las áreas protegidas, especialmente a los parques naturales, no es permitida por la norma y eso tiene que quedar claro. Nosotros hemos respondido ya los argumentos de la Agencia Nacional de Tierras y esperamos que ellos entiendan los argumentos de la corporación de cierta manera contradiciendo lo que ellos estaban planteando legalmente y que con fundamento en eso la Agencia Nacional de Tierras pueda actuar sobre este predio y que detenga las adquisiciones de predios dentro de parques naturales hacia futuro”.
Además, se informó que el predio que está dentro del Parque Natural Regional Cerro Páramo en Miraflores, y el Parque Natural Regional tuvo también un concepto del plan de ordenamiento territorial del municipio de Gigante previo a la compra; concepto que establecía dos cosas; primero, que el predio se ubicaba en zona de alto riesgo y segundo, plantea también el certificado uso del suelo del municipio Gigante que el predio tiene un fin está protector y que se traslapa con el Parque Natural Municipal de Gigante.
“La misma Agencia Nacional de Tierras en sus en sus instrumentos queda desarrollado de manera interna. Tiene un límite para adquirir predios que tengan hasta el 20% zonas de protección. Este predio, los análisis que hoy tenemos, tiene más del 80% en zonas de protección. Entonces, se están saltando un tercer elemento que es la reglamentación misma que tiene la Agencia Nacional de Tierras; elementos importantes que se saltaron la compra de este predio”, afirmó Agudelo.
Procuraduría interviene
En relación a la responsabilidad de la CAM como entidad ambiental, ha realizado la gestión frente al caso, con el desarrollo de reuniones con las distintas comunidades de los municipios de Garzón y Gigante.
Además, se solicitó la participación de la Procuraduría: “Quiero informar que ya la Procuraduría Ambiental y Agraria del Departamento del Huila ofició a la Agencia Nacional de Tierras, diciéndole que se abstenga de hacer la entrega definitiva de ese predio que está ubicado en Gigante. También les dice que, por favor, esto es muy importante, procedan a entregarle tierra a estas comunidades. Aquí no es en contra de las comunidades; pero que procedan a entregarle tierra de calidad y tierras que efectivamente puedan servir para el desarrollo y bienestar social de ellos, y que también se abstenga de continuar haciendo este tipo de adquisiciones en parques naturales para incluir allí”.
Alerta por ocupación de parques naturales
De acuerdo con Camilo Augusto Agudelo, se tienen varios casos expeditos de ocupación de predios en parque Naturales de la región, situación que preocupa por el riesgo que genera frente al impacto como reserva ambiental.
“Nos hicieron llegar a nosotros un acto administrativo que no conocíamos, y que no fue comunicado por la Agencia Nacional de Tierra la respuesta que le dio la CAM. Y ese acto administrativo, es un acto administrativo que incorpora cerca de 47.000 hectáreas del departamento del Huila de cuatro municipios que están dentro del Parque Nacional Natural Purucé, y que están siendo sujetos de un proceso de ampliación de un resguardo. Nosotros lo que hicimos fue con esa información trasladar por competencia a la Unidad de Parques Nacionales Naturales y al Ministerio de Ambiente que son las autoridades competentes dentro de este territorio que es un parque nacional y son ellos quienes lo administran”.
Según la CAM se tienen otros dos parques naturales regionales con esa misma situación, por tratarse el parque Nacional Regional Corredor Biológico Guacharos Purucé; un predio que está dentro el parque, pero que además hace parte la cuenca abastecedora del municipio de Pitalito y de Bruselas.
Además, se tiene la misma situación en un parque en el municipio de Oporapa dentro del Parque Natural Regional Serranía de las Minas.
“Por eso, la solicitud que estamos haciendo a la Agencia, llamando al trabajo conjunto a la cordura, pero el desarrollo de la Reforma Agraria no puede hacerse en las áreas protegidas y este es el mensaje que quiero dejar. La reforma agraria es una política, es un instrumento que lo que pretende es hacer el ordenamiento y social de la propiedad”.
Afectaciones sociales
Edgar Quintero Perdomo, es el representante de la Asociación Intersectorial Gigante y Garzón; señaló cual es la afectación que genera la decisión a cerca de 600 familias en lo que respecta a temas ambientales, productivos, sociales y de seguridad.
“Nos preocupa la convivencia con los hermanos indígenas, sabemos que es muy difícil y eso afectaría no solamente la productividad de esos sectores si es que se puede producir, que no se puede producir porque son humedales básicamente el 70% de esa zona donde están adjudicando las tierras”.
Para las comunidades, preocupa que, en la zona ante la presencia de dichas comunidades provenientes del Cauca, a quienes se les asigna los terrenos, utilicen los predios para el desarrollo de cultivos de cocas, que desaten a futuro también situaciones agravantes dentro del contexto de orden público y violencia.
“Sabemos que nuestros hermanos indígenas tienen una convivencia, tienen una manera de vivir diferente a la nuestra y no queremos enfrentamientos entre comunidades campesinas e indígenas, y eso realmente nos preocupa” afirmó el líder comunal.
De continuarse con esta situación, agotarán todo tipo de instancias hasta que las decisiones sean derogadas, entre las que se incluyen reuniones con alcaldes de los municipios correspondientes, en este caso Gigante y Garzón, las comunidades, promover plantones comunitarios en las regiones rurales, movilizaciones y como última instancia si no son escuchados, se tomarán las vías de hecho; en este caso bloqueos sobre la vía central de Gigante y Garzón, si no se llegan a acuerdos.
Comunidades indígenas reclaman tierras
De acuerdo con Gerardo Campo líder indígena de la comunidad de San Andrés de Pisimbalà del departamento del Cauca, señaló que la entrega de tierras hace parte de un compromiso establecido por el gobierno Nacional con las comunidades indígenas, para garantizar el territorio y con esto el desarrollo como grupos étnicos ancestrales.
“Nosotros seguimos insistiendo en que la Agencia Nacional de Tierras tiene que reubicarnos; porque ella ya hizo un compromiso con la comunidad, con nuestros comuneros que no tienen tierras para producir. Entonces, seguimos haciendo la exigencia. Y no queremos que a raíz de esto de este conflicto que se está presentando allá tengamos que enfrentarnos con nuestros hermanos del municipio de Gigante en especialmente la comunidad de La Pradera, de la Gran Vía”.
Afirmó que acudieron a la Agencia Nacional de Tierras que los apoyara con tierras, ya que en el departamento del Cauca no hay espacios de producción, y que requieren de espacios para el desarrollo de su identidad cultural, ancestral y actividades propias que los caracteriza como grupos étnicos.
“Pedimos a la Agencia de Tierras que nos den tierras para producir, y no para proteger, porque por ese motivo fue que buscamos salir desde el Cauca. Pido realizar otra visita en el terreno, porque lo que se ha hecho es desde el escritorio para de esta forma poder conocer en realidad, si no cabemos todos los 45 en el lugar, dejo la inquietud para que nos definan donde nos van a ubicar para trabajar los comuneros”.
El líder indígena de la comunidad de San Andrés de Pisimbalà, del departamento del Cauca, invitó al dialogo a las partes involucradas para buscar una salida y posible solución respecto a la situación que se está generando entorno al proceso; porque manifestaron que, como comunidades indígenas, esperan no llegar a medidas extremas de tomarse las vías de hecho.
Comunidades del centro del Huila manifestaron que “Sin contemplaciones, seguiremos de la mano de Dios defendiendo el cerró páramo de Miraflores”.
“No estamos engañando a los indígenas”
Por su parte, Lester Fabián Garrido, director territorial de la Agencia Nacional de Tierras en Huila señaló dentro de las conclusiones del debate, que no se está engañando a las comunidades indígenas, con la entrega de tierras.
Afirmó Garrido que, dentro del cuestionado proceso de entrega de tierras, se las instituciones están ignorando un elemento establecido en el Artículo 3 principios del decreto 1275 del 2024, donde se enmarca una “Reciprocidad natural, en el literal D. para los pueblos indígenas, donde señala que: la tierra es la madre que da vida y brinda todos los elementos para la existencia agua, oxígeno, alimentos y abrigo. A cambio de esto, los humanos les deben retribuir respeto, valoración, protección, uso debido y un cuidado permanente de los elementos naturales”.
Subrayó en que las comunidades étnicas tienen unos componentes distintos, por eso en Colombia durante años las instituciones públicas se han reestructurado para brindarles una atención con enfoque diferencial a las entidades étnicas, y que no se pueden ignoras dichos aspectos.
El director de la Agencia, además cuestionó en que, en el desarrollo de la audiencia, no se haya tenido en cuenta a las comunidades indígenas para ser escuchadas.
“En esta audiencia pública y toda la comunidad que ha estado tan pendiente de este asunto tiene que saber de qué aquí a todos los actores no se invitó. Lamentablemente tuve que invitar cuando recibo la delegación de participar en este espacio el día de ayer a los compañeros para que pudieran venir a representar su comunidad y las audiencias públicas me disculpan, en mi humilde opinión son para tejer puentes que nos unan y esos puentes se construyen con el otro. Ese es el mensaje que debe quedar, los invitamos al diálogo, a la concertación, al trabajo en equipo, pero con todos los actores y desde una lógica de enfoque diferencial”.
Dentro de la audiencia pública, se estableció que parlamentarios de la región, deben unirse al dialogo con las autoridades y el gobierno Nacional, para exponer las inquietudes de las comunidades, de no ser así debe realizar un debate en con Congreso de la Republica donde de forma seria se analice la situación.
Asimismo, las conclusiones establecidas en el espacio; según el diputado Armando Acuña, serán enviadas de forma escrita al gobierno Nacional, para que conozca el escenario que se está registrando a raíz de la adjudicación de tierras, a comunidades indígenas del Cauca, territorios defendidos y protegidos históricamente por el campesinado huilense de la zona centro.
