Andrés Felipe Vanegas Mosquera, contralor del Huila, seguirá vinculado al proceso disciplinario por presuntas agresiones a su expareja sentimental. La Procuraduría ratificó la validez de la investigación, argumentando que se trata de una falta grave cometida por un servidor público.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
En un nuevo capítulo del caso que ha puesto bajo la lupa a la Contraloría del Huila, la Procuraduría General de la Nación decidió rechazar la solicitud de nulidad presentada por la defensa del contralor departamental, Andrés Felipe Vanegas Mosquera, quien enfrenta un proceso disciplinario por violencia de género.
La decisión ratifica la continuidad de la investigación que se adelanta en contra del alto funcionario, elegido por la Asamblea Departamental del Huila para el período constitucional 2022-2025. Vanegas Mosquera es acusado de haber agredido física, verbal y psicológicamente a su entonces pareja sentimental, María Salomé Bahamón Vargas, en hechos ocurridos en junio de 2023.

La solicitud de nulidad, sin fundamentos válidos
La defensa del contralor, encabezada por la abogada suplente Juana Manuela Castañeda Cabrera, había interpuesto una solicitud de nulidad con la intención de invalidar todo el proceso disciplinario, argumentando presuntas irregularidades en el trámite de la investigación.
No obstante, tras un análisis detallado, la Procuraduría concluyó que no existían causales jurídicas que permitieran declarar nulo el proceso. El despacho encargado determinó que la actuación disciplinaria se ha desarrollado conforme a la normativa vigente, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa del funcionario investigado.
Además, se subrayó que, al tratarse de un servidor público, Vanegas Mosquera conserva su investidura más allá del ejercicio diario de sus funciones. Por tanto, los hechos denunciados —aunque hayan ocurrido en el ámbito privado— tienen consecuencias disciplinarias, dado que vulneran principios éticos y legales fundamentales para el desempeño de la función pública.
Hechos y cargos que sustentan el proceso
El pliego de cargos contra Vanegas Mosquera fue formulado por la Procuraduría el 27 de noviembre de 2024, en el marco de un expediente disciplinario que tomó fuerza luego de que Bahamón Vargas interpusiera una denuncia formal el 27 de junio de 2023.

Según la versión recopilada en el proceso, el día 18 de junio de 2023, cuando aún compartían residencia, el contralor habría incurrido en agresiones físicas, verbales y psicológicas contra la mujer. Estos hechos, calificados como graves por la Procuraduría, implicarían una vulneración directa a diversas normas de derechos humanos ratificadas por el Estado colombiano.
En ese sentido, la Procuraduría señaló que el comportamiento de Vanegas Mosquera presuntamente transgredió tratados internacionales como:
- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la ONU.
- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.
- Así como la Ley 1257 de 2008, que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Colombia y proteger sus derechos fundamentales.
Estas normativas, al estar incorporadas al ordenamiento jurídico nacional, son vinculantes para todos los servidores públicos y deben ser respetadas en todos los ámbitos de su vida.
Implicaciones de la decisión
Con esta decisión, la Procuraduría reafirma que los funcionarios públicos están obligados a mantener una conducta ética e intachable no solo en el ejercicio de sus funciones, sino también en su vida privada, cuando esta afecta el respeto por los derechos humanos o la dignidad de terceros.
El rechazo de la solicitud de nulidad representa un avance dentro del proceso disciplinario, que ahora continuará su curso hacia una eventual decisión de fondo. Dependiendo de los resultados del proceso, el contralor del Huila podría enfrentarse a sanciones que van desde una suspensión hasta la destitución del cargo, si se comprueba su responsabilidad en los hechos.
Puede leer: ¿Hay vía libre para comercialización de otros aguardientes en el Huila?
Cabe resaltar que en Colombia, los delitos relacionados con violencia de género han venido recibiendo mayor atención por parte de los entes de control, quienes buscan enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia cualquier tipo de agresión contra las mujeres, especialmente cuando los involucrados ostentan cargos públicos.
Contexto del caso y posibles repercusiones institucionales
El caso de Andrés Felipe Vanegas Mosquera ha generado preocupación no solo en el ámbito jurídico, sino también en el político e institucional del departamento del Huila. La figura del contralor es clave dentro del sistema de control fiscal, ya que supervisa el manejo de los recursos públicos y vela por la transparencia en las entidades territoriales.
La posibilidad de que un funcionario de este nivel esté involucrado en un caso de violencia de género plantea un serio dilema ético para las instituciones del Huila. Aunque el proceso aún no concluye y se presume la inocencia del investigado hasta que se demuestre lo contrario, lo cierto es que la permanencia de Vanegas Mosquera en el cargo podría tener efectos adversos sobre la percepción pública y la confianza en la administración departamental.
Algunos sectores políticos y sociales ya han comenzado a manifestar su preocupación, solicitando que se tomen decisiones responsables que prioricen la protección de los derechos de las víctimas y el respeto por la ética pública.
Un llamado a la responsabilidad institucional
El proceso contra el contralor del Huila no solo pone en evidencia la importancia de los mecanismos disciplinarios, sino que también subraya la necesidad de mantener una conducta ejemplar entre quienes ostentan cargos de poder.
La Procuraduría, con esta decisión, no solo busca avanzar en el proceso en contra de un servidor público señalado por violencia de género, sino también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad que conlleva el ejercicio del poder público. Las leyes y tratados internacionales suscritos por Colombia no pueden ser letra muerta: deben aplicarse con firmeza, especialmente cuando se trata de proteger los derechos de las mujeres frente a situaciones de violencia.
Por ahora, el caso Andrés Felipe Vanegas Mosquera continúa su curso en la Procuraduría. El país y el Huila esperan que, al final, prime la verdad, la justicia y el respeto por la dignidad humana.

Puede leer:CUT Huila anuncia su apoyo a movilizaciones para el 11 de junio








