La entidad lanzó una directiva con 12 prohibiciones específicas para los funcionarios públicos en medio del calendario electoral que avanza hacia las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. El objetivo: blindar la transparencia y evitar que el dinero del Estado se convierta en combustible político.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
La cuenta regresiva hacia las elecciones de 2026 ya empezó a marcar el ritmo político del país. Y en medio de esa carrera, la Procuraduría General de la Nación decidió adelantarse con una directiva que busca poner límites claros al actuar de los servidores públicos durante la contienda. La instrucción, firmada por el procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, no se quedó en llamados generales: incluyó un listado preciso de prohibiciones que deberán cumplirse en todos los niveles de la administración estatal.
El calendario electoral ya tiene fechas definidas. El 8 de marzo se realizarán los comicios legislativos y, semanas después, el 31 de mayo, los colombianos votarán para escoger presidente y vicepresidente, con la posibilidad de una segunda vuelta el 21 de junio. Bajo este esquema, el procurador insistió en que el papel de los funcionarios debe mantenerse al margen de cualquier interés partidista. “Los servidores conservan su derecho al voto y a afiliarse a partidos, pero deben abstenerse de usar su cargo o recursos del Estado para fines políticos”, reiteró.
La directiva desglosa doce conductas expresamente prohibidas. Entre ellas se encuentra utilizar el cargo para favorecer campañas, presionar a subalternos o particulares con fines electorales y destinar bienes, equipos o recursos públicos a actividades de proselitismo. También se restringió el uso de información reservada para beneficio partidista, así como la difusión de propaganda en medios, redes sociales o espacios públicos.
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El listado incluso alcanza a las contribuciones financieras, el uso indebido del horario laboral y la autorización de inmuebles estatales para eventos proselitistas. En otras palabras, un blindaje integral que busca cerrar las puertas a cualquier forma de intervención indebida en política.
Eljach recordó que no solo se trata de la jornada en las urnas, sino de todo el ciclo electoral, desde la inscripción del domicilio de los votantes hasta la etapa posterior a los comicios. Por eso, ordenó que la vigilancia del Ministerio Público se refuerce con una labor preventiva y de control constante. Procuradores regionales, distritales y provinciales, así como personeros municipales, tendrán la tarea de velar por el cumplimiento de estas disposiciones sin excepción.
El andamiaje institucional que acompañará la medida también fue precisado. Las Comisiones Regionales, Distritales y Provinciales de Control Electoral, que forman parte del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, deberán trabajar de manera prioritaria y entregar reportes periódicos a la Comisión Nacional de Control Electoral de la Procuraduría. Todo bajo la coordinación de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para Asuntos Electorales y Participación Democrática.
El procurador insistió, además, en que la tarea de vigilar no recae únicamente en los órganos de control. La ciudadanía, dijo, es un actor clave para garantizar la transparencia del proceso. Invitó a convertirse en veedores y a denunciar irregularidades en la conducta de funcionarios o particulares que administren recursos públicos. En sus palabras, “la neutralidad y la equidad de las elecciones no dependen solo de las instituciones, sino también del compromiso de los ciudadanos que deciden alzar la voz cuando detectan abusos”.
Para canalizar esas denuncias, la Procuraduría habilitó tanto la vía virtual como la presencial. “Para el efecto, se encuentra habilitada la sede electrónica de la página web institucional de la Procuraduría General de la Nación, disponible en el link, a través de la cual se podrán radicar las quejas y denuncias relacionadas con los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana; y de manera presencial en cualquiera de las sedes de las procuradurías regionales y provinciales, personerías municipales y distritales”, señaló Eljach.
El trasfondo de la directiva apunta a un tema de fondo: evitar que los recursos del Estado se conviertan en combustible de campañas políticas. En un país donde históricamente se denuncian presiones a empleados públicos, ofrecimientos de obras con fines electorales o uso de plataformas oficiales para favorecer candidaturas, la Procuraduría quiere anticiparse y cerrar espacios de duda.
Aunque las reglas parecen claras, el verdadero reto será la vigilancia en territorio. Municipios apartados, entidades locales y oficinas públicas de menor visibilidad suelen ser los puntos más vulnerables. Allí, el seguimiento de los personeros y procuradores delegados resultará determinante para que las prohibiciones no se queden en el papel.
Con esta medida, la Procuraduría se alinea con el desafío central de cualquier democracia: garantizar que las elecciones se disputen en igualdad de condiciones y que la política no se confunda con la administración pública. El tiempo dirá si este blindaje logra marcar la diferencia en la contienda presidencial de 2026.
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