La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra ocho exconcejales de El Pital, Huila, por presuntamente declarar persona no grata a un periodista de la región. La decisión, que habría afectado su dignidad y buen nombre, generó preocupación por la posible vulneración de derechos fundamentales y la libertad de prensa en el municipio.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra ocho exconcejales del municipio de El Pital, Huila, por presuntamente haber incurrido en una conducta irregular al declarar persona no grata a un periodista de la región. La decisión, tomada en el periodo 2020 – 2023, habría vulnerado derechos fundamentales del comunicador, afectando su dignidad, su buen nombre y su derecho a la honra.
Los implicados y el proceso disciplinario
El pliego de cargos, emitido por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, señala como responsables al expresidente del Concejo, Víctor Félix Vargas Plazas, junto con los entonces concejales Octavio Lemos Ossa, Andrea Liceth Aldana Ortiz, John Alexander Anaya Sterling, Manuel Fernando Suárez Castillo, Luis Carlos Ocampo Campos, Benjamín Tovar Roa y Demetrio Yunda.
Según la investigación, los exconcejales habrían incurrido en una conducta prohibida por la Constitución al expedir un comunicado oficial en el que declararon persona no grata al periodista Alexander Castellanos Andrade. Dicho documento fue publicado en la página web del Concejo Municipal y generó controversia en la comunidad, pues Castellanos Andrade es un comunicador que, a través de un programa en la red social Facebook, realizaba seguimiento a la inversión de recursos públicos en el municipio.
Vulneración de derechos fundamentales
Para el órgano de control, la conducta de los exfuncionarios representó un abuso de su posición de autoridad, ya que no contaban con la facultad legal para emitir una declaración que afectara el ejercicio periodístico del comunicador. De acuerdo con la Procuraduría, con esta acción, los exconcejales se apartaron del correcto ejercicio de su deber funcional, afectando derechos fundamentales que han sido protegidos en repetidas providencias de la Corte Constitucional.
El pronunciamiento del Concejo de El Pital no solo generó un impacto negativo en la imagen del periodista, sino que también sentó un precedente preocupante en términos de libertad de prensa y el derecho a la crítica sobre la gestión pública. La Corte Constitucional ha enfatizado en múltiples fallos que los servidores públicos están sujetos al escrutinio ciudadano y que cualquier intento de deslegitimar o censurar a la prensa constituye una vulneración grave de derechos fundamentales.
Libertad de prensa y responsabilidad pública
El periodismo juega un papel fundamental en la vigilancia de la administración pública y el ejercicio del control social sobre la gestión de los recursos del Estado. En este caso, Alexander Castellanos Andrade ejercía su labor periodística dentro de los límites del derecho a la información y la libertad de expresión, valores esenciales en una democracia.
La decisión del Concejo Municipal de El Pital de señalarlo públicamente y declararlo persona no grata generó un ambiente hostil que, de acuerdo con expertos en derechos humanos, podría constituir una forma de represalia institucional. Este tipo de acciones no solo afectan la reputación del comunicador, sino que también pueden disuadir a otros periodistas o ciudadanos de realizar denuncias o investigaciones sobre asuntos de interés público.
Calificación de la falta y posibles sanciones
Dado el impacto de la decisión tomada por los exconcejales, la Procuraduría calificó la presunta actuación como una falta grave cometida con culpa gravísima. Este tipo de infracciones pueden derivar en sanciones disciplinarias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos o multas significativas.
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El proceso disciplinario continuará en los próximos meses, con la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer la responsabilidad de cada uno de los exfuncionarios involucrados. La Procuraduría evaluará si los acusados actuaron con dolo o si su decisión obedeció a un desconocimiento de los límites legales de su función.
Reacciones y consecuencias
El caso ha despertado preocupación en diversos sectores, incluyendo organizaciones defensoras de la libertad de prensa y la comunidad periodística del departamento del Huila. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha insistido en que este tipo de acciones representan un retroceso en la protección del ejercicio periodístico y sientan un peligroso antecedente de persecución contra la prensa local.
Por su parte, algunos de los exconcejales han manifestado que su intención no era afectar la labor del periodista, sino responder a lo que consideraban críticas injustas contra la gestión municipal. Sin embargo, la Procuraduría sostiene que cualquier declaración oficial emitida por una entidad pública debe respetar los derechos fundamentales y ceñirse a las competencias legales de los funcionarios.
Este caso pone en evidencia la importancia de garantizar la libertad de prensa y la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de sus competencias. El proceso disciplinario contra los exconcejales de El Pital, Huila, será clave para determinar el alcance de sus acciones y establecer si hubo un abuso de autoridad con el objetivo de afectar la labor informativa de un periodista.
En un contexto donde la transparencia y el control ciudadano son esenciales para la democracia, la Procuraduría busca con este proceso reafirmar la necesidad de respetar los derechos fundamentales y evitar cualquier acto que pueda interpretarse como una forma de censura institucional. Se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre el avance de la investigación y las eventuales sanciones que puedan recaer sobre los exfuncionarios involucrados.
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