El Ministerio Público abrió indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, tras un comentario en redes sociales en el que cuestionó la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, quienes anunciaron una “gran coalición por el futuro de Colombia”.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por presunta participación en política. La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción y surge a raíz de un trino publicado por el funcionario en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), en el que reaccionó de manera crítica al encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo.
El origen de la investigación disciplinaria
El hecho que dio origen al proceso se produjo el 1 de noviembre de 2025, cuando ambos exmandatarios anunciaron una “gran coalición por el futuro de Colombia”, hecho que fue divulgado por distintos medios de comunicación, entre ellos El Espectador, en su canal de YouTube. Frente a dicha publicación, Sanguino escribió:
“¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política.”
El mensaje generó amplia polémica, pues varios sectores interpretaron que se trataba de una intervención política impropia de un ministro en ejercicio.
El proceso disciplinario fue asumido por el procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, quien dispuso la apertura formal de la indagación el pasado 5 de noviembre, con base en el artículo 208 del Código General Disciplinario. Según explicó la Procuraduría, esta primera etapa busca “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y establecer si el implicado actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
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El documento de apertura precisa que la investigación se encuentra en fase preliminar y no implica aún la formulación de cargos ni la existencia de responsabilidad disciplinaria. En este punto, el Ministerio Público únicamente busca recolectar información y pruebas que permitan establecer si procede una investigación formal.
Las primeras actuaciones de la Procuraduría
Entre las primeras actuaciones, el procurador delegado ordenó oficiar al Ministerio de Trabajo para que aporte al expediente el decreto de nombramiento, el acta de posesión, la hoja de vida y la certificación laboral del ministro Antonio Sanguino. Además, se dejó constancia de que contra la decisión de apertura no procede recurso alguno.
Posibles sanciones y alcances legales del caso
De acuerdo con la normatividad vigente, la Procuraduría puede iniciar indagaciones previas ante la existencia de indicios de posibles faltas disciplinarias de los servidores públicos, especialmente en casos donde se presuma participación en política, una conducta expresamente prohibida para los funcionarios del Ejecutivo.
El artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 48 de la Ley 1952 de 2019 son claros: los servidores públicos no pueden usar su investidura ni los medios del cargo para incidir en campañas o controversias políticas. El Ministerio Público deberá determinar si el mensaje publicado por Sanguino en su cuenta personal puede considerarse una expresión política que vulnera dichas disposiciones.
En caso de que se concluya que el ministro incurrió en participación política, las sanciones disciplinarias podrían ir desde la suspensión temporal hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la falta.
Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión de la Procuraduría. Sin embargo, la indagación se convierte en un nuevo foco de controversia en medio de un ambiente político marcado por tensiones entre el Gobierno nacional y los organismos de control.
Mientras avanza la investigación, el caso pone nuevamente sobre la mesa el debate acerca de los límites de la expresión personal de los funcionarios públicos en redes sociales y la delgada línea entre la opinión política y la participación prohibida por la ley.
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