La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la concejal de Gigante, Yaniver Montealegre Perdomo, por presuntamente utilizar su cargo público para recomendar personas para ser vinculadas al hospital del municipio.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El proceso se inició tras unas polémicas declaraciones realizadas por la concejala durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal, en las cuales admitió haber recibido la oportunidad de postular “dos puestos” en la entidad hospitalaria.
La investigación se inició por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, tras las manifestaciones hechas por la funcionaria, quien durante una de las plenarias mencionó que en la actual administración solo había recibido dos puestos para postular, los cuales tenía asignados en el hospital de la localidad. Esta afirmación ha generado gran preocupación entre la comunidad, pues podría indicar un uso indebido de su cargo para influir en la asignación de empleos públicos.
Las polémicas declaraciones de la concejal
El hecho que desató la investigación ocurrió durante una sesión del Concejo Municipal de Gigante, cuando la concejala del partido Cambio Radical, Yaniver ‘Nany’ Montealegre Perdomo, sorprendió a sus colegas al confesar lo siguiente: «No porque nosotros seamos partido de Gobierno tenemos algún beneficio. Yo en esta administración solo tengo y me dieron para postular dos puestos, no más; tengo dos puestos y los tengo en el hospital».
Este comentario fue rápidamente cuestionado por el concejal William Botello, quien interrumpió a Montealegre y le preguntó: “¿Oiga, perdón, qué es lo que usted tiene en el hospital?”. La concejala insistió en que no había hablado de beneficios personales y aclaró que se refería únicamente a la oportunidad de postular estos puestos.
El momento quedó registrado en la grabación oficial de la sesión, que duró casi cinco horas, y desde entonces ha sido objeto de análisis por parte de la ciudadanía y las autoridades correspondientes. La declaración de la concejal se sumó a una creciente preocupación sobre la falta de transparencia en la administración pública y el uso de influencias indebidas para acceder a recursos del Estado.
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La retractación de la concejala y su defensa
Tras la controversia generada por sus palabras, la concejal Montealegre intentó aclarar su declaración. En una entrevista posterior, aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que no había hablado de cargos o personas, sino que podría haberse referido a “sillas o estanterías”. Además, pidió que no la contactaran más sobre el asunto, argumentando que ya había solucionado el tema.
La cabildante también expresó que, aunque había reconocido tener la oportunidad de postular dos puestos, no había recibido ningún beneficio personal, ya que su papel en la administración era simplemente el de proponer candidatos. Según su versión, la función de postular a estos puestos era legítima, siempre que se cumplieran los requisitos legales. No obstante, los concejales y líderes sociales que estuvieron presentes en la sesión no compartieron esta interpretación, y muchos consideran que sus palabras reflejan una posible irregularidad en el uso de su cargo.
El contexto político y las implicaciones de la denuncia
El caso ha generado un debate intenso sobre la ética en la política local. Para algunos ciudadanos y líderes políticos, la revelación de que la concejal tenía la posibilidad de influir en la asignación de puestos públicos pone en duda la transparencia de las prácticas administrativas en el municipio. Esta situación se considera un posible acto de nepotismo o favoritismo, que podría contravenir las normas que regulan el acceso a empleos públicos y la conducta de los funcionarios electos.
Además, la concejal Montealegre, quien fue la más votada en las elecciones locales con 624 votos, enfrenta una posible sanción disciplinaria. De ser comprobada su implicación en un acto indebido, las consecuencias podrían incluir la destitución de su cargo y la pérdida de su investidura como concejal. En este sentido, la Procuraduría General de la Nación tiene la responsabilidad de verificar si la conducta de la funcionaria constituye una falta disciplinaria o si, por el contrario, se enmarca dentro de las excepciones legales que permiten ciertas recomendaciones o postulaciones.
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