La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Gorky Muñoz Calderón, exalcalde de Neiva (2020-2023), y Samir Fernando Casadiego Sanjuan, exalcalde de Ocaña (2020-2023), por presuntas irregularidades en la firma de un convenio de actualización catastral para este último municipio.
De acuerdo con el ente de control, los exmandatarios firmaron el documento el último día hábil de sus respectivos mandatos sin definir con precisión las responsabilidades del gestor y operador catastral. Además, omitieron una estimación aproximada del valor del convenio y no fijaron un plazo de ejecución, lo que generó incertidumbre sobre su viabilidad.
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El Ministerio Público señaló que el convenio carecía de un estudio técnico detallado que justificara su ejecución y duración. “Por el contrario, el plazo de ejecución se dejó indeterminado sin contar con un soporte del análisis efectuado”, advirtió la Procuraduría en su informe.
Según la investigación, este hecho impidió que las administraciones entrantes pudieran iniciar su ejecución, ya que, de acuerdo con sus versiones, desconocían la existencia del convenio. Ante esto, el órgano de control considera que los exalcaldes habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, lo que configura una falta gravísima con culpa grave.
El proceso disciplinario contra los exmandatarios avanza en la Procuraduría, mientras se espera su pronunciamiento frente a las acusaciones.
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