Redacción Web
La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra el actual personero de Oporapa Óscar Humberto Bermeo Peña. Por hechos ocurridos durante el periodo 2020-2023, en el que también fungió como personero de la municipalidad. El Ministerio Público lo investiga por presuntamente autorizar y recibir pagos de viáticos y combustible por más de 12 millones de pesos. Sin que existiera justificación legal para dichos desembolsos.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Bermeo Peña habría autorizado en su propio beneficio 22 pagos irregulares entre viáticos y transporte. Generando un posible sobrecosto de $4.500.000 por estadías no realizadas en otros municipios, y $7.500.000 adicionales por consumo de combustible para vehículos de su propiedad.
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Movimientos irregulares
La entidad de control señala que, al parecer, el funcionario habría cobrado viáticos por pernoctar en lugares donde no se quedó, y además, ordenó pagos por gasolina utilizada en carros particulares. Esta conducta, advierte la Procuraduría, contraviene la normativa vigente, la cual establece que estos gastos sólo deben cubrir vehículos oficiales y desplazamientos comprobables.
En el documento emitido, la Procuraduría asegura que estos actos habrían permitido a Bermeo Peña aumentar injustificadamente su patrimonio, obteniendo un beneficio económico por valor de $12.047.096. Esto, según el organismo, se habría dado de forma reiterada y con pleno conocimiento de su irregularidad, razón por la cual la conducta fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Es decir, la Procuraduría sostiene que el funcionario habría actuado con intención y con el propósito deliberado de aprovecharse del cargo que ocupaba, utilizando recursos públicos para su beneficio personal, una práctica que lesiona la confianza ciudadana en las instituciones y el correcto manejo de los dineros públicos.
El proceso será clave
Cabe señalar que, a pesar de estos cuestionamientos, Óscar Humberto Bermeo Peña fue reelegido como personero para el periodo 2024-2027, cargo que actualmente desempeña. El avance de este proceso disciplinario será clave para definir su permanencia en el cargo y posibles sanciones, que podrían incluir su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Este caso se suma a otros similares en los que la Procuraduría busca reforzar los controles sobre el uso de los recursos públicos, especialmente en entidades territoriales donde los sistemas de vigilancia y denuncia pueden ser más frágiles.
La ciudadanía y los entes de control seguirán atentos a la evolución del caso y a las decisiones que tome el Ministerio Público frente a estos presuntos actos de corrupción.
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