La Procuraduría General de la Nación ratificó en fallo de segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por irregularidades en el proceso de licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.
El Ministerio Público concluyó que la decisión adoptada por el entonces canciller de declarar desierta la licitación careció de fundamento legal y desconoció los principios que rigen la contratación estatal. Según el ente de control, el argumento de que solo existía un oferente no era causal suficiente para invalidar el proceso, ya que la propuesta presentada cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
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De acuerdo con el fallo, Leyva vulneró los principios de transparencia, economía y responsabilidad al tomar una decisión que fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo.
El pronunciamiento, firmado por el Procurador General de la Nación, es definitivo, de segunda instancia y no admite ningún tipo de recurso.
Con esta determinación, la Procuraduría cierra el proceso disciplinario contra el exministro, dejando en firme la sanción que lo aparta de ocupar cargos públicos durante la próxima década.
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