La Procuraduría General de la Nación advirtió que el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados continúa siendo una práctica común por parte de grupos armados en áreas con altos niveles de inseguridad en Colombia.
La denuncia se hizo pública en el marco del Día Internacional de Sensibilización Contra las Minas Antipersonal.
Según explicó el procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, aunque el Gobierno nacional ha impulsado diversas iniciativas para reducir la violencia y promover tareas de desminado, varias organizaciones criminales siguen recurriendo a estos artefactos explosivos, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con el Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA), de los 935 municipios que anteriormente se habían declarado libres de sospecha de minas, 53 han sido recontaminados. Además, en 84 municipios se llevan a cabo actualmente operaciones de desminado humanitario, mientras que 102 están pendientes de intervención.
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Durante un conversatorio sobre Desminado Humanitario, donde participaron representantes de instituciones oficiales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría hizo varias recomendaciones para enfrentar el problema. Entre ellas, se planteó la necesidad de exigir a los grupos armados con los que se adelantan diálogos que abandonen el uso de minas antipersonal y permitan el acceso de las organizaciones humanitarias a las zonas afectadas.
También se destacó la urgencia de actualizar la política pública contra minas antipersonal, que no cuenta con un documento Conpes desde 2019. La falta de planificación estratégica, según la Procuraduría, limita la capacidad de respuesta ante este problema.
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