La entidad advirtió que cerca de 3,5 millones de menores de edad podrían resultar afectados por la interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Se anunciaron medidas de vigilancia y eventuales sanciones para los funcionarios que incumplan la ley.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta nacional sobre la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), advirtiendo que 14 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) enfrentan un alto riesgo de suspender o interrumpir la prestación del servicio. La posible crisis amenaza con afectar la nutrición de cerca de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes que dependen diariamente de este programa para garantizar su permanencia y bienestar en el sistema educativo.
El pronunciamiento se dio luego de que el organismo de control detectara graves fallas de articulación y deficiencias financieras durante las labores de seguimiento al PAE. De acuerdo con la entidad, la ausencia de coordinación entre las instituciones responsables y la falta de acciones concretas para garantizar los recursos ponen en entredicho la continuidad del programa hasta finalizar el calendario académico vigente.
Falta de articulación y riesgos financieros
La Procuraduría convocó a una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA). El objetivo fue buscar salidas conjuntas que permitan superar los vacíos detectados en la financiación y operación del programa.
Durante el encuentro, la Procuraduría fue enfática en señalar que las entidades responsables han mostrado una deficiente corresponsabilidad frente al PAE. A esto se suma la ausencia de estrategias claras para superar los problemas de cofinanciación que, en algunos casos, obedecen a la reducción de aportes departamentales y municipales, en contravía de lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021.
Esta norma establece de manera expresa la obligación de garantizar la prestación continua del servicio durante todo el calendario escolar, lo que convierte en ilegal cualquier interrupción o recorte que afecte la alimentación de los estudiantes.
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Medidas y compromisos
Ante los desafíos de financiación, el DNP se comprometió a evaluar la viabilidad de agilizar la aprobación de proyectos con recursos de regalías. Estos podrían convertirse en una fuente alternativa y complementaria para sostener el PAE en lo que resta del año.
Sin embargo, la Procuraduría advirtió que estas soluciones deben implementarse de manera urgente, pues la falta de recursos en 14 ETC amenaza con interrumpir un servicio vital para la población estudiantil más vulnerable.
Además, el Comité Especial de Seguimiento al PAE continuará con acciones de vigilancia orientadas a individualizar las responsabilidades de las entidades territoriales que hayan reducido su compromiso financiero o incumplido la normatividad. La entidad anunció que evaluará de forma exhaustiva las gestiones adelantadas y, en los casos que corresponda, abrirá procesos disciplinarios contra los funcionarios responsables de omisiones graves.
Impacto en los estudiantes
El riesgo de suspensión del PAE no solo implica una vulneración al derecho fundamental a la alimentación de millones de menores, sino también un golpe a la permanencia escolar. El programa ha sido reconocido como una herramienta clave para combatir la deserción, al garantizar que los estudiantes tengan acceso a raciones balanceadas durante su jornada académica.
En territorios con mayores índices de pobreza, la alimentación que brinda el PAE constituye, en muchos casos, el principal sustento diario de los menores. De allí la gravedad de una eventual interrupción que, además de afectar su nutrición, comprometería su desempeño académico y su derecho a la educación.
Vigilancia estricta
La Procuraduría reiteró que no permitirá que la negligencia o la falta de coordinación entre entidades ponga en riesgo el bienestar de los estudiantes. Insistió en que mantendrá una estricta vigilancia sobre las gestiones interinstitucionales y el cumplimiento de la normativa vigente.
“Las obligaciones derivadas de la Ley 2167 de 2021 son claras, y su incumplimiento no solo compromete la continuidad del servicio, sino que acarrea sanciones disciplinarias para quienes desatiendan su responsabilidad”, señaló la entidad.
Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado a todas las entidades territoriales para que refuercen sus aportes financieros y trabajen de manera articulada con el Gobierno Nacional. El mensaje fue contundente: el derecho a la alimentación escolar es irrenunciable y no puede estar condicionado a fallas administrativas o presupuestales.
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