El Ministerio Público evidenció serias falencias tecnológicas, contractuales y logísticas en la entidad encargada de asumir este servicio, mientras crecen las investigaciones por posibles irregularidades en la Cancillería.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
A menos de dos meses de que finalice el actual contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, la Procuraduría General de la Nación alertó que la Imprenta Nacional no está en condiciones de asumir esta labor. Así lo concluyó el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, tras una inspección realizada tanto a la Cancillería como a la Imprenta.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, la entidad estatal encargada de la producción de documentos oficiales carece de la capacidad tecnológica, logística y contractual necesaria para emitir pasaportes con los estándares requeridos.
“Esto no surge de un día para otro. Se necesita un proceso que tiene que ver con una transición y un empalme para la preparación y adecuación”, afirmó el delegado Melgosa.
Se necesitarían al menos seis meses
Según explicó el funcionario, aunque se diera luz verde a la Imprenta Nacional para asumir el proceso, esta no estaría en capacidad de hacerlo antes del 1 de septiembre de 2025, cuando vence el contrato con la actual Unión Temporal que presta el servicio de expedición.
La razón principal es que cualquier proveedor —público o privado— debe seguir los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que exige una transición técnica ordenada y verificable entre contratistas.
“La transición tomaría al menos seis meses”, explicó Melgosa, advirtiendo que esa fase es indispensable para garantizar que el proceso no afecte a los ciudadanos ni viole normativas internacionales.
No hay contrato vigente con la Cancillería
Uno de los hallazgos más críticos revelados por la Procuraduría es que actualmente la Imprenta Nacional no cuenta con un instrumento contractual que la habilite legalmente para producir pasaportes. A pesar de los anuncios gubernamentales sobre la “internalización” de este proceso, no existe hasta ahora un convenio firmado entre la Cancillería y la entidad estatal.
“Hasta el momento no tenían un instrumento suscrito con la Cancillería que les permitiera a ellos la elaboración de los pasaportes”, señaló el procurador delegado.
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Además, la Imprenta presenta deficiencias técnicas que requerirían una modernización significativa de su infraestructura y capacidades operativas. Esto incluye desde adquisición de nuevas tecnologías hasta la implementación de protocolos de seguridad biométrica, encriptación de datos y seguimiento digital, entre otros.
Preocupación por la continuidad del servicio
El informe también encendió las alarmas sobre la posible interrupción del servicio de expedición de pasaportes a partir de septiembre, lo que pondría en riesgo a miles de ciudadanos que requieren este documento, ya sea por razones de trabajo, estudio, salud o turismo.
Por esa razón, la Procuraduría ha mantenido desde 2023 un esquema de vigilancia preventiva sobre el proceso, y ahora exige garantías de continuidad a través de mecanismos jurídicos, técnicos y logísticos que eviten una crisis en el trámite de pasaportes.
Investigaciones disciplinarias en curso
La situación técnica no es la única preocupación. La Procuraduría también confirmó que se abrieron investigaciones disciplinarias contra varios exfuncionarios de la Cancillería por presuntas irregularidades en el manejo del contrato para la expedición de pasaportes.
En concreto, están bajo la lupa los excancilleres Laura Sarabia y Gilberto Murillo, aunque no se entregaron detalles sobre el avance de las investigaciones. Así mismo, se presentó un informe disciplinario sobre el actual jefe de despacho de la Cancillería, Alfredo Saade, quien habría incurrido en extralimitación de funciones.
“Será la sala de instrucción para jurados de la Procuraduría la que determine si efectivamente hubo responsabilidad disciplinaria o no por las actuaciones del señor Saade”, sostuvo Melgosa.
Un tema de seguridad nacional
El documento de la Procuraduría plantea que la expedición de pasaportes no es solo un tema administrativo o contractual, sino un asunto de seguridad nacional y de derechos ciudadanos. De allí que el Ministerio Público mantendrá su vigilancia activa y exigirá al Gobierno un plan de acción concreto que garantice la emisión continua, segura y legal de estos documentos.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. Las falencias identificadas por la Procuraduría evidencian que Colombia no cuenta aún con una solución clara y viable para garantizar la expedición ininterrumpida de pasaportes a partir del 1 de septiembre.
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