El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se apartó de la revisión de la reforma pensional, uno de los proyectos más importantes del presidente Gustavo Petro que fue aprobado en junio de 2024 y entraría en vigencia a partir de julio de 2025.
Eljach decidió declararse impedido para emitir el concepto requerido por la Corte Constitucional, argumentando que tuvo participación directa en el trámite de la reforma mientras se desempeñaba como secretario general del Senado de la República. Durante ese periodo, la reforma fue aprobada en sus dos primeros debates, lo que según el jefe del Ministerio Público, comprometería su imparcialidad.
¿Por qué se declaró impedido?
En un documento de quince puntos presentado ante la Corte Constitucional, Eljach detalló su participación en el proceso legislativo de la reforma pensional, argumentando que dicha intervención podría interpretarse como un conflicto de intereses.
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Entre las actividades que realizó se encuentran:
- Lectura de proyectos y proposiciones.
- Gestión de firmas y actas de los parlamentarios.
- Anuncio de resultados de votaciones en plenarias del Senado.
Eljach sustentó su decisión en el artículo 278 de la Constitución Política, que establece la obligación del procurador general de emitir conceptos en revisiones de constitucionalidad, salvo cuando exista un conflicto de intereses derivado de su participación en la creación de la ley.
“Mi intervención directa en la expedición de la Ley 2381 de 2024 comprometería mi imparcialidad para emitir un concepto que deba ser tenido en cuenta por el alto tribunal”, señaló Eljach en su declaración.
Actualmente, la Corte Constitucional evalúa la reforma pensional tras una demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.
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