El Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), implementó un nuevo protocolo interinstitucional para garantizar el acceso oportuno a la atención médica de las personas privadas de la libertad cuya condición de salud sea incompatible con la reclusión.
Esta medida establece un estricto procedimiento de evaluación para que las personas privadas de la libertad con afecciones graves en su salud puedan ser redirigidas a través de lineamientos predefinidos y recibir atención digna y adecuada en un centro hospitalario o reclusión domiciliaria, cuando sea necesario.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, indicó que se trata de un avance significativo en la humanización del sistema carcelario y una actividad interinstitucional que permitirá solucionar una grave problemática que ha persistido por años. “Esta es la materialización de una oportunidad de que las personas que tienen enfermedades incompatibles con el sistema carcelario puedan ser reconducidas a través de rutas específicas para que puedan tener dignidad y ser atendidas de la debida manera”, explicó la alta funcionaria.
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El protocolo establece una ruta clara para la identificación y evaluación de los casos, a través de cinco pasos: identificación de casos probables para solicitud de reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad; activación de la ruta interna en el establecimiento de reclusión para realizar la solicitud de reclusión domiciliaria; orden de juez de ejecución de penas al Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses, en que solicita la valoración de médico legista; valoración medicolegal y remisión del concepto médico al juez de ejecución de penas; y notificación de la decisión por parte del juez de ejecución de penas.
La identificación se realiza a través de exámenes médicos, consultas especializadas, atención de urgencias e informes de defensores públicos y redes de apoyo. Una vez detectado un caso, el área jurídica del establecimiento coordina con la Unidad de Atención Primaria y el área de tratamiento para recopilar la información médica y legal necesaria.
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