La Asamblea Departamental del Huila inició el estudio del proyecto de ordenanza que define el presupuesto general para 2026, una cifra que supera los $1,3 billones y que enfrenta el reto de una posible desfinanciación de más de $600.000 millones, poniendo a prueba la planeación fiscal del departamento.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Niyireth Cruz
La Asamblea Departamental del Huila iniciará la fase crucial de estudio y debate del Proyecto de Ordenanza que busca establecer el presupuesto general del departamento para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026.
La cifra propuesta por la Gobernación asciende a $1.392.835.683.342,73 M/cte, monto que refleja la magnitud del reto fiscal que afronta el Gobierno Departamental. Sin embargo, contrasta con la alarma encendida por el órgano de control político ante un riesgo latente de desfinanciación que podría comprometer el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo “Por un Huila Grande 2024–2027”.
El proyecto de presupuesto, radicado ante la Duma, se convierte en el instrumento que definirá la hoja de ruta para la inversión pública durante el próximo año.
El diputado Virgilio Huergo, miembro de la Comisión Primera —Hacienda y Asuntos Económicos—, explicó los retos que implica el análisis de esta ordenanza, que no solo traza la ruta del desarrollo en el Huila, sino que exige especial atención frente a la distribución presupuestal y la coherencia con las metas de ejecución.
Tensión entre la cifra global y el déficit de inversión
El análisis inicial presentado por el diputado Huergo muestra que, aunque el presupuesto total se acerca a los $1,4 billones, el panorama no es tan alentador. Según el corporado, existe una “desfinanciación significativa”, una realidad que obliga a un estudio riguroso del proyecto para establecer un balance entre lo proyectado y los recursos realmente asegurados.
La principal preocupación se concentra en los recursos definidos en el Plan Plurianual de Inversiones, especialmente aquellos que dependen de la cofinanciación con la Nación. Estos, que aún no están garantizados, representarían una brecha financiera de aproximadamente $600.000 millones.
A esta desfinanciación se suma el recorte en los ingresos provenientes del Sistema General de Regalías, lo que pone en riesgo la capacidad de inversión del departamento, pese al elevado monto presupuestado.
“Hoy eso estaría representando cerca de $600.000 millones más el recorte que hay en regalías”, explicó Huergo. Esta situación obliga a la Asamblea a analizar con lupa los recursos de libre destinación, los ingresos corrientes y las transferencias nacionales para determinar qué tanto pueden compensar esta brecha y permitir el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
El llamado de la Comisión de Presupuesto al Gobierno Departamental ha sido claro: “Hay que saber en qué proyectos de inversión se presenta ese riesgo por la desfinanciación que tenemos hoy en el presupuesto”. La transparencia en la identificación de estos proyectos será determinante en la toma de decisiones.
Presupuesto de inversión (POAI 2026)
Los documentos oficiales confirman la relevancia del componente de inversión, articulado en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2026, el cual asciende a $1.160.487.229.021,73 pesos M/cte.
De este total, $1.143.343.587.285,73 pesos corresponden al sector central.
El POAI es el instrumento de priorización de las inversiones y debe guardar coherencia con el Plan Plurianual de Inversiones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
El documento ya fue avalado por el CONDFIS, liderado por Diana Patricia Sierra Sánchez, y posteriormente por el CONDPES, lo que demuestra rigor en su elaboración.
Prioridades sectoriales: educación y salud
Como es regla general y mandato constitucional, el presupuesto 2026 mantiene una fuerte concentración en el gasto social, siendo educación y salud los sectores que absorben la mayor proporción de recursos.
El diputado Huergo enfatizó que “siempre educación y salud concentran la mayor inversión de este presupuesto”.
En el caso del sector educativo, esta prioridad responde a la asignación de recursos recurrentes y de fondo. Además, el gasto social cuenta con prioridad conforme al artículo 366 de la Constitución Política, que lo sitúa por encima de cualquier otra destinación.
La administración departamental anexó comparativos de gasto público social para 2026, incluyendo programas orientados a niñez, juventud y bienestar comunitario, reafirmando la vocación social del gasto público.
El reto de los sectores menores
Aunque la mayor parte de los recursos se dirige a educación y salud, el presupuesto también contempla sectores estratégicos como desarrollo económico y turismo, que cuentan con una asignación cercana a $5.000 millones, cifra ligeramente superior a la del año anterior.
Esto demuestra el esfuerzo por mantener o incrementar el apoyo a las actividades productivas regionales.
Asimismo, los sectores de agricultura y cultura mantienen su participación presupuestal general, con inversiones que apuntan al fortalecimiento de la productividad rural, la identidad cultural y la sostenibilidad económica.
En materia de deporte y recreación, el POAI incluye recursos por $9.667 millones, de los cuales $4.751 millones se destinarán a la construcción, mejoramiento o rehabilitación de escenarios deportivos, mientras que $4.915 millones financiarán programas de recreación, deporte formativo y aprovechamiento del tiempo libre.
En cuanto a trabajo y empleo, el pilar “Alianza para el desarrollo económico y la regionalización” incluye un componente con una asignación de $900 millones, orientados a fomentar la generación de oportunidades laborales en el departamento.
Integridad del gasto: todos los proyectos existen
Uno de los aspectos más relevantes del presupuesto es que no hay un solo peso que no esté vinculado a un proyecto de inversión existente.
Todos los recursos, según la información oficial, están orientados a proyectos previamente viabilizados y registrados en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, cumpliendo los criterios de trazabilidad y transparencia que exige la ley.
Esto garantiza que los sectores tengan proyectos formulados y, en algunos casos, ya cuenten con planes de acción en ejecución para la próxima vigencia.
La estabilidad de las rentas y el caso Licores
A pesar del panorama de desfinanciación por cofinanciación y regalías, las rentas propias del departamento se mantienen estables.
Durante la primera mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda con el Gobierno Departamental, se abordó la situación de la principal fuente de recursos: la Fábrica de Licores del Huila.
La inquietud por una eventual disminución de ingresos se disipó con una noticia alentadora. “Hoy se mantendría”, afirmó Huergo, tras confirmar que la Gobernación pactó con la Fábrica de Licores un mínimo garantizado de 1,5 millones de botellas producidas y comercializadas, independientemente del nivel de ventas.
Este compromiso asegura la continuidad de una de las fuentes más sólidas del presupuesto departamental.
Esta estabilidad permite sostener la proyección global de $1,392 billones, concentrando los esfuerzos en buscar alternativas que mitiguen la desfinanciación de $600.000 millones y los recortes en regalías.
Agenda legislativa: el camino del presupuesto
El proceso de estudio y aprobación del presupuesto, que define la distribución de más de un billón de pesos, avanza con un calendario legislativo ajustado.
El diputado Huergo detalló que la trazabilidad comenzó con una presentación general del presupuesto y sus fuentes de inversión ante la Asamblea.
A partir de esa sesión, la Duma desarrollará jornadas en comisión para evaluar los avances en el cumplimiento de las metas de la vigencia 2025.
La meta es clara: culminar el estudio en comisión antes del 20 de noviembre para pasar a debate en plenaria.
“El 30 es la clausura, y antes de esa fecha debemos tener listo el debate final”, precisó Huergo.
Esto deja un margen de apenas diez días para discutir y aprobar un presupuesto superior a $1,3 billones, lo que exige alta eficiencia en el trabajo legislativo.
Evaluación de metas: tablero de gestión y control político
Más allá de los números, la Asamblea ha centrado su análisis en la efectividad del gasto y el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2024–2027.
La Comisión de Presupuesto ha solicitado al Gobierno Departamental la presentación del “tablero balanceado de gestión” que muestre el avance en el cumplimiento de objetivos a 2025.
Si las metas están por debajo del 50 %, la administración será considerada “rezagada” en su gestión.
El objetivo de aprobar un presupuesto de $1,3 billones, con inversión de $1,160 billones, es garantizar que los recursos aceleren el cumplimiento de las metas trazadas para el cierre del segundo año de gobierno.
Impacto de la desfinanciación y riesgos
La preocupación central de la Asamblea es el efecto del déficit de $600.000 millones, sumado al recorte de regalías, sobre la capacidad del gobierno para ejecutar su plan de desarrollo.
Si los ingresos corrientes y las transferencias nacionales no alcanzan a cubrir los proyectos desfinanciados, el cumplimiento de metas se verá seriamente comprometido.
La Comisión de Presupuesto exige al Gobierno identificar los proyectos más expuestos al riesgo financiero, como mecanismo de control anticipado.
De no corregirse, el tiempo podría jugar en contra de la administración en los dos años restantes de su cuatrienio, como advirtió el diputado Virgilio Huergo.
El debate del Presupuesto General del Huila 2026, estimado en más de $1,3 billones, será un ejercicio de rigor técnico y político.
Por un lado, se resalta la magnitud de los recursos y la prioridad en educación, salud y gasto social; por otro, la amenaza de desfinanciación obliga a la Asamblea a ejercer un control exhaustivo, exigir transparencia y garantizar que la distribución de los $1,160 billones de inversión responda al cumplimiento real de las metas del Plan de Desarrollo Por un Huila Grande.
Bajo la presidencia de Sergio Andrés Trujillo Perdomo, la Asamblea Departamental se convierte en el eje de la política fiscal y de inversión del departamento, definiendo la hoja de ruta económica y social del Huila para 2026.
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