Por: Juanita Tovar Sandino
El Huila acaba de despertar de una pesadilla que duró más de una semana: el paro arrocero. Bloqueos, vías cerradas, turismo en caída libre y un impacto económico de miles de millones de pesos. Durante nueve días, la región quedó paralizada mientras el Gobierno negociaba con Fedearroz y los arroceros del Tolima y Huila. Hoy las carreteras están abiertas, pero la confianza quedó cerrada. Aunque el paro se levantó, no hay certezas sobre los compromisos adquiridos. La sensación generalizada es de abandono. Pero esto no es un caso aislado, es el reflejo de un patrón: protestas que escalan porque no se escucha a tiempo. El sur del país, una vez más, se vio aislado y sin respaldo real del Ejecutivo.
Mientras el Huila intenta recuperarse, el Nordeste antioqueño vive hoy su propia tragedia. Nueve días de paro minero tienen a la región completamente bloqueada, sin tránsito por las principales vías y con más de 1.500 vehículos de carga varados diariamente. Municipios como Remedios, Segovia, Amalfi y Anorí están siendo asfixiados lentamente, y no hay señales claras desde Bogotá. ¿Cuánto más deben resistir para que el Gobierno actúe?
La crisis va mucho más allá de los bloqueos. Sectores como el agrícola, ganadero, turístico y forestal están al borde del colapso. Las pérdidas económicas ya son irrecuperables. Organizaciones como la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Fedemaderas y el Comité Intergremial han alzado la voz, denunciando la violación del derecho a la movilidad y el daño estructural a la economía regional. Pero nadie en el alto gobierno parece escuchar.
Aunque existe una mesa de diálogo entre los voceros mineros y el Ministerio de Minas, los avances son mínimos. La comunidad percibe una indiferencia peligrosa. El paso restringido de vehículos en horarios limitados no resuelve nada: ni el comercio se reactiva, ni los ciudadanos pueden retomar sus vidas ni sus trabajos. Esta no es una solución, es una burla.
El desconcierto no es exclusivo del Huila o del Nordeste antioqueño. El gremio transportador también ha perdido la paciencia. Casi siete meses después del paro nacional, los camioneros denuncian incumplimientos de la mayoría de los compromisos pactados por el gobierno, incluso un informe del Frente Común de Gremios señala que, en seis meses, hay avances en solo 3 de 15 puntos.
Y mientras unos esperan respuestas, otros vuelven a las calles. Fecode convocó nuevas movilizaciones, dejando sin clase a 250 mil niños en el país. El sindicato de maestros entregó un nuevo pliego de peticiones y marchó en busca de lo mismo que tantos sectores: atención, compromiso y voluntad política. A la par, más de 3.000 indígenas de diferentes regiones anuncian su llegada a Bogotá para exigir que se cumplan acuerdos firmados años atrás.
La agenda social del país no está en pausa: está en ebullición. El Gobierno parece responder con pasos de tortuga, y esa fórmula desgasta, divide y desespera. Mientras tanto, quienes están en las regiones sienten que deben llegar a extremos para ser escuchados en la capital, como si el derecho a ser ciudadanos plenos dependiera de cuánto caos pueden provocar.
Presidente Petro, Colombia le está hablando. Desde el Huila hasta el Nordeste antioqueño, pasando por las montañas del Cauca o los llanos del Meta, la exigencia es la misma: la presencia del Estado, no se delega, se ejerce.
