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Presentaron una denuncia para reconocer derechos laborales de vendedores ambulantes

Nov 23, 2025

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Una nueva acción jurídica busca abrir el debate nacional sobre las condiciones laborales de miles de vendedores ambulantes en Colombia.

El abogado y líder social Óscar David Benavides radicó ante el Ministerio de Trabajo una denuncia en la que señala que empresas relacionadas con productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100 habrían utilizado figuras contractuales irregulares para ocultar verdaderas relaciones laborales.

Benavides afirmó que detrás del discurso de “oportunidad” se esconde un modelo que, según él, reproduce explotación y vulneración de derechos básicos.
“Esta denuncia es un primer paso, pero la transformación real empieza cuando Colombia deje de llamar oportunidad a lo que es explotación. A las multinacionales les digo, se acabó la impunidad. Al país entero, no más esclavitud disfrazada de empleo. La dignidad no se negocia”, señaló el líder social al presentar la acción.

Relaciones encubiertas y presunta precarización

La queja asegura que miles de vendedores, presentados como “independientes” o “colaboradores externos”, en realidad cumplen tareas permanentes, esenciales y bajo subordinación directa, lo que en criterio del denunciante configuraría una relación laboral encubierta.

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El Ministerio de Trabajo deberá revisar si estas figuras —prohibidas por la Organización Internacional del Trabajo cuando sustituyen vínculos formales— habrían sido usadas por las compañías para evadir obligaciones como salarios, prestaciones y afiliación a seguridad social.

Lo que solicita la denuncia

La denuncia pide al Ministerio de Trabajo:

  • Abrir una investigación administrativa contra las compañías relacionadas con Bon Ice, Vive 100 y Crem Helado.
  • Verificar la posible desnaturalización de contratos mediante el uso de vendedores independientes o esquemas de tercerización.
  • Determinar si existió ocultamiento de relaciones laborales bajo los criterios establecidos por la OIT.
  • Ordenar, de confirmarse las irregularidades, la formalización laboral y el pago de salarios, prestaciones y seguridad social.
  • Requerir a las empresas toda la documentación sobre control, rutas, contratos y mecanismos de supervisión aplicados a los vendedores.

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