Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
El Sistema Nacional de Salud, viene desde décadas atrás con serias falencias porque no se ha mejorado la prestación de los servicios a la población que acude a las EPS y a los centros hospitalarios. El primer mandatario de los colombianos ha tenido la sana intención de contrarrestar esta tendencia, a través de la aplicación de una política estatista, desconocimiento totalmente al sector privado. Craso error. En un estado como el nuestro, no podemos aislar del todo el accionar de las organizaciones empresariales para construir el desarrollo social y económico del país. Recordemos que genera el 85% del empleo formal y el 80% de los ingresos tributarios de la Nación. Solamente el Estado no puede convertirse en el ente solucionador de todas las problemáticas que presenta la sociedad colombiana. Se necesitan alianzas públicas privadas para fortalecer la dinámica económica del país. Lo que, si es cierto, es que el Estado debe colocar las condiciones, las reglas de juego y los controles para que éstas no se desborden y se extralimiten en el desarrollo de las funciones delegadas por el sector gubernamental.
Otra debilidad que ha cometido la actual administración del presidente Gustavo Petro Urrego, es la designación de funcionarios que presentan deficientes calidades académicas y experticias para desempeñar las responsabilidades que les han encomendado el ejecutivo. En la mayoría de los casos, se nombraron personas activistas que carecen de esa experiencia pública, para sacar adelante sus políticas que les han sido encomendadas. Tal es el caso de Colsanitas y otras EPS que fueron intervenidas porque se detectaron deficiencias y casos de desviación de recursos en sus labores misionales. Pero fueron designados, funcionarios que no les dieron la talla a los deseos del presidente de la República. Tras más de 15 meses de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, los indicadores de la EPS están peor que antes. Así fue la reunión en la que la Superintendencia devolvió la compañía a sus dueños, de acuerdo con la orden impartida por la Corte Constitucional, que venían aplazando sin lógica alguna. Desde el fallo del 26 de junio del presente año, el ejecutivo venía generando absurdos aplazamientos sin justificación alguna, hasta el viernes anterior, se logró la entrega definitiva a sus propietarios.
Pero, fue un caos su manejo estatal durante su periodo de intervención. No se corrigieron las falencias, sino que se dedicaron a destruir todo lo bueno que tenia esta organización empresarial. En la edición del sábado anterior, la revista Semana y otros medios de comunicación, han expresado que “no es para nadie un secreto que, en la obsesión del Gobierno Petro por cambiar el sistema de salud, Sanitas ha sido su principal símbolo y antagonista. La EPS, propiedad del Grupo Keralty, ha sido objeto de fuertes arremetidas verbales del primer mandatario, quien ha acusado a su dueño, el empresario español Joseba Grajales, desde intervención en política hasta “crímenes de lesa humanidad. La EPS por su parte, ha sido la única que ha expresado de frente que, por la puerta de atrás, el Gobierno ha asfixiado financieramente a las Entidades Promotoras de Salud para poder asumir el control, por la vía de una intervención”.
Consideramos que el gobierno nacional, debe cesar de una vez por todas estas medidas intervencionistas y para ello, debe fortalecer financieramente a todo el Sistema Nacional de Salud. Está en juego la salud y el bienestar de 50 millones de colombianos. La salud no es un juego. Todos estamos viviendo este caos que presenta, cuando acudimos a buscar un servicio médico. Hay que dejar una buena impronta positiva de su accionar gubernamental. No deje malos recuerdos. La historia lo absolverá o lo condenará.
