El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) expresó su preocupación por la regulación del Gobierno Nacional sobre el uso de la tierra, la cual, según la entidad, se ha implementado sin consulta previa con comunidades y autoridades municipales y departamentales.
El artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impone nuevas restricciones bajo el argumento de garantizar la seguridad alimentaria, estableciendo figuras como las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Sin embargo, el ICP advierte que estas medidas afectan la seguridad jurídica, limitan la inversión y ponen en riesgo sectores estratégicos como la ganadería, la agricultura, el turismo y la minería.
La Resolución 377 de 2024, que reglamenta parte de estas disposiciones, ha generado incertidumbre entre empresarios, gremios y comunidades rurales, pues abre la puerta a la intervención estatal en la propiedad privada, restringiendo actividades productivas esenciales para el desarrollo regional. Además, impacta directamente a departamentos como La Guajira, Córdoba, Antioquia, Sabana Centro de Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta, donde el Gobierno ha determinado su implementación.
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Llamado a la Corte Constitucional
El ICP considera fundamental la suspensión provisional del artículo 32 del PND, cuya constitucionalidad está en estudio por la Corte Constitucional. Asimismo, solicita una audiencia pública para exponer los riesgos que estas normas representan para la autonomía municipal y la propiedad privada.
«Las regulaciones sobre las ZPPA y APPA no garantizan la seguridad alimentaria, sino que amplían el intervencionismo estatal sobre la propiedad privada y la libertad de empresa, protegidas constitucionalmente. Estas políticas ponen en riesgo la autonomía territorial y condenan a campesinos y empresarios del sector rural a la subsistencia, limitando la diversificación y la generación de riqueza. No podemos permitir que las comunidades sean convocadas solo para justificar decisiones ya tomadas», afirmó Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del ICP.
El líder del ICP advirtió que el Ministerio de Agricultura justifica estas regulaciones como una garantía de seguridad alimentaria, pero en la práctica imponen restricciones sin sustento técnico ni consulta suficiente, limitando la inversión y frenando el desarrollo rural.
En este sentido, el ICP ha hecho un llamado a concejales, gremios, propietarios de tierras, trabajadores, comunidades y gobiernos locales a rechazar estas medidas e impulsar acciones legales en defensa del orden constitucional, la descentralización y la propiedad privada.
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