La Defensora del Pueblo, Iris Marín, adelantó una agenda institucional en el departamento del Huila con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos y avanzar en la implementación del Decálogo Institucional de la entidad. Las jornadas incluyeron reuniones en La Plata y Neiva, con la participación de autoridades locales, congresistas y representantes sociales.
En La Plata, la funcionaria se reunió con mandatarios locales y miembros del Congreso del departamento para analizar los principales desafíos en materia de derechos humanos. Entre los temas abordados se destacaron el control territorial por parte de grupos armados ilegales, la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y las dificultades de acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud.
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La Defensora señaló que existe una preocupación creciente por el incremento en los casos de reclutamiento forzado de menores, así como por la coacción a las comunidades y los episodios de confinamiento en algunos municipios. En este sentido, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes que garanticen la atención humanitaria y la seguridad de la población civil.
“Desde la Defensoría hacemos seguimiento constante a la situación en Huila. Nos preocupa el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, expresó la funcionaria durante su intervención.
De manera paralela, desde Neiva, la Defensora lideró una mesa de trabajo con la personera y un líder social de Pitalito, centrada en la evaluación del contexto de derechos humanos en el sur del departamento. En el encuentro se identificaron escenarios de riesgo y se analizó la situación de seguridad en la región, haciendo énfasis en la necesidad de enfrentar la delincuencia desde un enfoque de respeto y garantía de los derechos fundamentales.
Estas actividades permitieron visibilizar las preocupaciones que afectan a comunidades del Huila, particularmente en zonas rurales y de frontera con el Cauca y el Caquetá, donde persisten tensiones asociadas al conflicto armado y la presencia de economías ilícitas.
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