Ante la ingobernabilidad que actualmente está viviendo el país, por la proliferación de grupos delincuenciales que se han tomado por su cuenta el dominio de algunos territorios del país, se ha empezado a generar una verdadera preocupación en diversos sectores de la opinión pública, que piden a gritos al gobierno nacional para que retomen en control de estas zonas. El reciente hecho violento y demencial que se presentó en un tramo de la vía entre los municipios de la Plata y Paicol, en la noche del miércoles anterior, donde integrantes de las disidencias de las Farc abalearon el vehículo brindado en que se desplazaba el huilense Representante a la Cámara Julio Cesar Triana Quintero, han vuelto a revivir los episodios ocurridos hace cinco lustros, cuando secuestraron a toda la representación política del departamento en el Congreso de la República, por este grupo narcoterrorista. En el editorial publicado el miércoles anterior, el mismo día del atentado, expresábamos que los candidatos presidenciales que recorran las diferentes regiones tendrán que abstenerse de realizar manifestaciones públicas en la calle. Lo deberán hacer en recintos cerrados. Igual actitud, deben asumir los aspirantes al congreso de la república, para proteger sus vidas. Nuestros ancestros afirmaban “el palo no está para hacer cucharas”.
Estamos reviviendo las ingratas y aciagas épocas, donde se presentaron esta clase de episodios que enlutaron la democracia en décadas anteriores. Por tal motivo, es plausible que el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, haya convocado dos Consejos de Seguridad en el municipio de la Plata, con la presencia del ministro de Defensa Nacional, General (R) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez y toda la cúpula militar para analizar el desbordamiento en la alteración del orden público y tomar las medidas correctivas para contrarrestar el avance territorial de las organizaciones narcoterroristas, que tienen sumido a esta importante región del Huila. En las zonas rurales, han constituido un gobierno paralelo a la institucionalidad colombiana. Cobran vacunas, establecen horarios de movilización, ejercen la autoridad judicial, asesinatos selectivos, secuestros, incitan a las comunidades para que saquen a los integrantes de los organismos de seguridad de estas zonas y reclutan a menores de edad, entre otros delitos que tienen hastiadas a las familias que habitan en el occidente del departamento.
Esta región está sometida a la voluntad del narcoterrorismo. Consideramos que en esta localidad circulan motos sin placas y sin controles de las autoridades. Es importante que se fortalezca la presencia militar y que sea manera permanente. No podemos entregarles a estos delincuentes, dichos territorios. Se debe reconocer el trabajo valiente de nuestros uniformados, que están dando su vida y haciendo lo posible por recuperar la seguridad. Sin embargo, es testimonio de la gravedad y la degradación de esta situación, el hecho de que el Gobierno sigue sin poder cumplir sus promesas.
