ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Abogado y Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
Durante los últimos años la Universidad Surcolombiana ha venido siendo forjada con el talante de nuestros docentes, el personal administrativo y los estudiantes quienes periódica y recurrentemente concurren en un relacionamiento de creación de valor con nuestra Alma Mater y; hay que decirlo con un inmenso aprecio, afecto y dedicación por la institución.
¿Entonces porque la percepción de que las cosas no van bien en la Universidad?, para empezar, hay que señalar que los instrumentos de relacionamiento con nuestra gente no proveen las herramientas para la búsqueda de la mejor atención posible y por el contrario se han hecho todos los esfuerzos por deteriorar los vínculos legales o si aun fuere posible, abusar de los miembros de cada estamento universitario mediante la instrumentalización de los contratistas, quienes tienen la espada de Damocles encima sino satisfacen los apetitos de los administrativos de turno.
En principio es necesario referir que aun cuando el gasto total en personal durante el año anterior fue de alrededor de $120 mil millones, muy próximo al 50% del total presupuestal de la Universidad y que en un horizonte de cuatro (4) años puede corresponder a cerca de medio billón de pesos; los docentes de Planta, en los que honrosamente me incluyo, precariamente superan los 300 (307 para ser más preciso), en tanto que por el resto de las formas, es decir entre Ocasionales, Catedráticos y Visitantes, cuenta la Universidad con poco más de 700 vinculados, generando una relación 1/3 por 2/3, lo que unido a una distribución desequilibrada entre los programas y facultades induce una inestabilidad no consecuente con los propósitos misionales. Esta relación debe cambiar y no de otra manera que, mediante la implementación de un crecimiento de la planta docente en el marco de un plan financiero sostenible de mediano plazo, que recoja años de retraso en su actualización respecto del que estimo debe corresponder a un mínimo de 150 nuevas plazas.
En igual forma, por el lado administrativo, no “descampa”, pues la Universidad según se hace público en sus directorios, cuenta con un total de 251 servidores públicos (Entre funcionarios y trabajadores oficiales), lo cual es claramente insuficiente para atender las necesidades generales al punto que la contratación de servicios se “disparó” durante los últimos años, en donde la mayor cantidad de los contratos corresponden a personas naturales y a periodos cortos de tiempo que incluyen practicas oprobiosas como el “pitufeo”, estos es de periodos de contratación de días o en múltiples casos de uno par de meses; esta práctica no induce otra cosa que promover la dependencia de un ingreso precario impulsando gratitudes poco merecidas para y por los ordenadores. Aquí también es necesario un cambio, no solo por el bienestar institucional de la universidad y la reducción de riesgos jurídicos y disciplinarios, sino por la necesidad de contar con una organización sólida y consistente mediante el incremento de la planta de personal administrativa en cerca de 100 empleos, los cuales deben surgir, no de un crecimiento sino de una normalización del relacionamiento, que traerá beneficios ostensibles a nuestra institución.
Y no se puede dejar de referir, para completar el panorama, la gestión en la Surcolombiana de la cuestión “contractual”; la cual a dado saltos tan desproporcionados como desacertados, baste señalar como el número de contratos que suscribe y publica la universidad ha crecido en el periodo 2020/2024 en un 48% al pasar de un total de 2.346 a 3.464 ; la mayoría de ellos con personas naturales, la mayoría por periodos fracturantes de los procesos y vocaciones humillantes de la gestión del talento humano o con ocasión de causas nobles como lo es la alimentación, pues este 2025 comenzó con la asignación a una empresa de solo dos años de creada, sin infraestructura (su sede formal es un condominio residencial en Neiva), de contratos consecutivos en misma fecha (4 de febrero de 2025) por $650 millones de pesos para la alimentación en las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata.
La contratación en la Universidad debe respetar los principios que la Constitución y la Ley señala y lo que se necesita para ello es la voluntad política de satisfacer los supremos intereses comunes de nuestra institución y no los de unos pocos directivos y su vocación focalizada en la contratación, sacrificando la docencia, la proyección social y la investigación.
