La Corte Constitucional discutirá este miércoles 3 de septiembre la ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero que propone declarar ajustada a la Carta Política la Ley 2385 de 2024, con la cual el Congreso prohibió las corridas de toros y demás prácticas taurinas en el país. De avalarse, Colombia pondría fin a una tradición de siglos para dar paso a una política de protección animal y reconversión cultural.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La Corte Constitucional se prepara para tomar una decisión histórica: este miércoles 3 de septiembre, la Sala Plena discutirá la ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, que busca salvar la Ley 2385 de 2024. Esta norma, aprobada por el Congreso, prohibió las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, becerradas y tientas en todo el territorio nacional.
El futuro de la tauromaquia en Colombia pende de este análisis judicial. El documento responde a una demanda interpuesta por un grupo de taurinos que pide tumbar la norma, alegando vicios de trámite y violaciones a derechos fundamentales como el trabajo, la libertad de empresa y el libre desarrollo de la personalidad.
El trasfondo jurídico de la discusión
Los demandantes argumentan que la ley se aprobó sin cumplir con el requisito del análisis de impacto fiscal y que, además, vulnera tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También invocan la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, en la cual consideran que se enmarca la tradición taurina.
La Procuraduría General de la Nación, sin embargo, entregó un concepto favorable a la Corte en el que pide declarar exequible la norma. Según el Ministerio Público, la Ley 2385 no genera órdenes de gasto directo ni requiere aval financiero inmediato, pues su aplicación depende de una reglamentación posterior.
Más allá de los aspectos procedimentales, la Procuraduría enfatizó en los principios de protección animal y en la eliminación de toda forma de maltrato, valores que considera prevalecen en el ordenamiento constitucional.
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Periodo de transición y reconversión laboral
Uno de los elementos centrales de la norma es la implementación de un periodo de transición de tres años, hasta 2027, con el fin de mitigar los efectos económicos en las comunidades que dependen de la tauromaquia.
La ley contempla programas de reconversión laboral y cultural, destinados a quienes hoy trabajan en torno a la crianza, organización y realización de estos espectáculos. “El impacto económico debe ser atendido, pero no puede justificar la continuidad de prácticas que generan sufrimiento a los animales”, se lee en el concepto del Ministerio Público.
El toro de lidia, en el centro del debate
Un tema sensible en la discusión legislativa fue el destino del toro de lidia. Los taurinos aseguraron que su crianza solo tiene sentido si el animal participa en la arena. Frente a esto, la Procuraduría aclaró que la ley no prohíbe la cría ni implica expropiación de activos, sino que restringe el uso de los toros en espectáculos que ocasionan dolor y muerte, en aplicación de la función ecológica de la propiedad.
Respaldos institucionales a la prohibición
La Defensoría del Pueblo también se pronunció a favor de la constitucionalidad de la norma. En su concepto, el defensor delegado Aquiles Arrieta subrayó que “el respeto a los seres sintientes y la proscripción del sufrimiento innecesario y arbitrario a los animales se revela como un fin constitucional imperioso, que es legítimo promover y ampliar”.
La Alcaldía de Bogotá, uno de los escenarios taurinos más emblemáticos de América Latina, también respalda la ley. Sin embargo, planteó ante la Corte sus dudas sobre la reglamentación y el eventual conflicto con la sentencia T-296 de 2013, que exhortó al Distrito a reabrir la plaza La Santamaría para espectáculos taurinos.
“El Distrito ha presentado una solicitud de cumplimiento ante el magistrado Vladimir Fernández Andrade, con el objeto de obtener una orientación de la Corte Constitucional respecto del cumplimiento continuado de esa sentencia, teniendo en cuenta el nuevo contexto normativo”, señaló la administración capitalina.
Un debate cultural y ético
De aprobarse la ponencia, Colombia se uniría a la lista de países que han decidido prohibir las corridas de toros, priorizando la protección de los animales sobre la preservación de tradiciones culturales. El fallo marcaría un giro en la relación entre el derecho, la cultura y la ética pública, al tiempo que pondría en marcha un proceso de transformación económica y social en las regiones donde la tauromaquia tiene mayor arraigo.
El pulso entre la defensa de la cultura taurina y la promoción de una cultura de vida libre de sufrimiento animal se resolverá en la Sala Plena. Para el magistrado Polo Rosero, el respeto a la dignidad de los seres sintientes prevalece sobre el mantenimiento de espectáculos que, aunque históricos, hoy resultan difíciles de justificar en una sociedad que avanza hacia la protección de la vida en todas sus formas.
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