Por: Mario Solano
Durante décadas, en nuestro país, política y economía fueron dos caras de la misma moneda. Las decisiones políticas marcaban de forma casi inmediata el rumbo económico, y viceversa. Esta simbiosis fue durante mucho tiempo una constante. Sin embargo, en los últimos años se ha venido configurando una realidad distinta: política y economía, aunque aún interconectadas, han comenzado a tomar rumbos separados. Esta incipiente independencia ha sorprendido tanto a analistas como a ciudadanos, pues en medio de escenarios políticos polarizados, reformas impopulares o crisis institucionales, algunos sectores de la economía han mantenido estabilidad o incluso expansión. Este fenómeno se explica por varios factores.
Primero, la madurez de ciertos sectores productivos y financieros que han aprendido a blindarse de las turbulencias políticas. El empresariado, por ejemplo, ha adoptado estrategias de diversificación, internacionalización y automatización que reducen su dependencia del vaivén político local. Segundo, el papel de las instituciones técnicas –como los bancos centrales independientes, las agencias regulatorias, la justicia – han ganado protagonismo y credibilidad, asegurando una gestión macroeconómica relativamente constante, pese a los cambios políticos. También influye la globalización: la economía ya no responde únicamente a factores internos. Los mercados internacionales, los tratados comerciales, las inversiones extranjeras y las cadenas globales de valor amortiguan los efectos de decisiones políticas locales.
Esto permite que, aunque el gobierno tome rumbos ideológicos radicales o impopulares, sectores clave de la economía mantengan una relativa autonomía y atractivo para inversionistas. Esta independencia no es absoluta. Aún persisten áreas donde la política influye directamente en lo económico: reformas tributarias, regulaciones laborales, cambios en la política energética o seguridad jurídica son algunos ejemplos. Pero lo cierto es que hoy en día, la economía nacional parece haber ganado un margen de maniobra mayor frente a los vaivenes de la política.
Este proceso, aunque positivo en algunos aspectos, también presenta riesgos. Una economía que se desentienda por completo del contexto político puede caer en una lógica tecnocrática que ignore las demandas sociales, mientras que una política que ignore los fundamentos económicos puede caer en populismos insostenibles. El desafío está en lograr un equilibrio: que ambas esferas conserven su autonomía relativa, pero sin romper el diálogo necesario entre desarrollo económico y legitimidad democrática. Estamos, quizás, ante una nueva etapa en la historia del país: la era de la autonomía relativa entre política y economía. Una separación saludable, si se sabe gestionar.
