El Ministerio de Agricultura ha desatado una tormenta en el sector agropecuario con la expedición de la resolución 000052 de 2025, que le otorga facultades inéditas de inspección y control sobre asociaciones campesinas y gremiales. Los líderes del sector denuncian una amenaza contra la libre asociación y un posible intervencionismo estatal sin precedentes.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La reciente decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de asumir mayores funciones de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y agropecuarias ha generado una profunda preocupación en los gremios del sector. Esta medida, establecida en la resolución 000052 de 2025, en el marco de la Ley 2219 de 2022, es vista como una amenaza para la autonomía de las asociaciones que representan a los pequeños y medianos productores del país.
Principales preocupaciones de los gremios
Los gremios han manifestado su desacuerdo con esta norma, argumentando que representa una concentración de poder en el Ministerio de Agricultura y atenta contra el derecho constitucional a la libre asociación. Entre los puntos más preocupantes destacan:
- Mayor control y vigilancia sobre las organizaciones gremiales agropecuarias.
- Posibles restricciones al derecho de libre asociación.
- Sanciones y suspensiones temporales que podrían aplicarse.
- Carga administrativa y económica para las asociaciones.
Control y vigilancia: una extralimitación de funciones
La resolución permite que el Ministerio de Agricultura imponga medidas preventivas para evitar que las asociaciones campesinas y agropecuarias excedan los límites de la ley. El Consejo Gremial Nacional y sus 33 gremios afiliados han expresado su preocupación al respecto, calificándola como «una amenaza directa a la libertad de asociación y la autonomía gremial».
Según los gremios, la norma permitiría al Ministerio intervenir en las asociaciones privadas, solicitar información financiera, remover administradores y representantes legales, y modificar estatutos gremiales a conveniencia.
Impacto en la libre asociación
El Consejo Gremial ha advertido que esta medida va en contra de los artículos 38 y 39 de la Constitución, que garantizan el derecho a la libre asociación sin intervención del Estado. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), ha señalado que la resolución es «gravísima» y que el Gobierno busca controlar actividades que son de naturaleza privada.
Los gremios han enviado sus observaciones a la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, y a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, argumentando que esta cartera debería garantizar la libre asociación sin interferencias del Estado.
Sanciones y supervisión total del sector
La resolución establece que cuando se determine que una asociación incumple la ley o sus propios estatutos, el Ministerio podrá aplicar sanciones que incluyen:
- Amonestaciones escritas.
- Multas y cancelación de personería jurídica.
- Modificaciones de estatutos.
- Prohibición temporal o definitiva de actividades.
Esta medida afectaría a organizaciones como la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asocaña, la SAC y cooperativas de productores, que quedarían bajo supervisión directa del Ministerio.
La organización Aliadas, que agrupa a diversos gremios, advierte que la resolución «vulnera la libre asociación y la libertad de empresa, abriendo la puerta al intervencionismo y al uso político del control estatal». Según Aliadas, esto podría generar un debilitamiento de la institucionalidad gremial y una pérdida de confianza en las instituciones.
Carga administrativa y económica
La aplicación de esta norma podría suponer un impacto financiero y burocrático significativo para las asociaciones del sector agropecuario. Según el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, «el Gobierno busca apropiarse de los gremios agropecuarios y sus recursos parafiscales». Además, alertó sobre las millonarias sanciones que podrían imponerse a los gremios, afectando su viabilidad económica.
