La Procuraduría Provincial de Garzón emitió una medida preventiva sobre el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Pitalito, Huila, tras denuncias por presuntas irregularidades en los requisitos técnicos y altos costos que podrían restringir la participación de oferentes y afectar a miles de estudiantes.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
La administración municipal de Pitalito, Huila, enfrenta cuestionamientos por el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), valorado en $7.800 millones. La Procuraduría Provincial de Garzón emitió una medida preventiva tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con las especificaciones técnicas del contrato y los altos requisitos para los proponentes.
Un programa costoso y exclusivo
El contrato busca suministrar alimentación diaria a 10.480 estudiantes, con un costo promedio de $60 millones al día. Entre las exigencias, se destaca la necesidad de contar con una bodega de al menos 500 metros cuadrados, equipada con las certificaciones sanitarias requeridas por la Secretaría de Salud, y un equipo profesional con perfiles técnicos altamente especializados.
La Procuraduría cuestiona si las condiciones establecidas limitan la participación de proponentes, dado que, según fuentes locales, solo una empresa en Pitalito cumple con los requisitos de infraestructura y personal exigidos.
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La Procuraduría anuncia acción preventiva sobre el contrato del Programa de Alimentación Escolar PAE que va a adjudicar el Municipio de Pitalito
Requisitos técnicos bajo escrutinio
El proceso contractual establece que los proponentes deben disponer de una bodega con un «concepto higiénico sanitario favorable» y una calificación superior al 90%, lo cual restringe significativamente la competencia. Además, los pliegos incluyen perfiles técnicos específicos para el personal:
- Un ingeniero de alimentos con especialización en gestión de productividad y calidad para el rol de jefe de bodega.
- Un ingeniero industrial o profesional en salud ocupacional con especialización en gestión integrada HSEQ y licencias vigentes.
- Un nutricionista con especialización en auditoría y garantía de calidad, y una maestría en áreas relacionadas con su profesión.
Cada uno de estos profesionales debe contar con al menos 10 años de experiencia, de los cuales cinco deben ser en servicios de alimentación.
Respuesta de la administración municipal
El alcalde Yider Luna defendió la contratación, argumentando que el proceso se realiza a través de la Bolsa Mercantil y que las especificaciones técnicas son necesarias para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos destinados a los estudiantes.
Luna explicó que el contrato cubrirá únicamente al 43% de los estudiantes de las instituciones educativas del municipio y aseguró que responderá a las inquietudes planteadas por la Procuraduría.
“Las especificaciones de la bodega son fundamentales para almacenar y manejar alimentos para 10.480 estudiantes diariamente. Esperamos que el proceso contractual avance con éxito y podamos garantizar la alimentación escolar desde el inicio del año escolar”, afirmó el mandatario.
Medida preventiva de la Procuraduría
La Procuraduría Provincial inició una indagación para determinar si las exigencias del proceso contractual están restringiendo la participación de posibles oferentes. Entre los puntos en revisión se encuentran:
- La viabilidad de contar con una bodega con las características solicitadas en el municipio.
- Si los perfiles técnicos requeridos son razonables o desproporcionados para la naturaleza del contrato.
La entidad busca establecer si las condiciones favorecen a un único proponente, lo que podría configurar una práctica restrictiva de la competencia.
Impacto en los estudiantes y el inicio del año escolar
La controversia genera preocupación sobre la posibilidad de retrasos en la implementación del PAE, que es vital para garantizar la nutrición de los estudiantes, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Organizaciones civiles han expresado su inquietud, argumentando que cualquier irregularidad en el proceso afectará directamente a los niños y adolescentes beneficiarios.
Un caso que revela desafíos estructurales
El caso en Pitalito pone en evidencia desafíos recurrentes en la contratación del PAE a nivel nacional. Expertos en contratación pública señalan que establecer requisitos desproporcionados puede limitar la competencia, encarecer los procesos y generar riesgos de corrupción.
Por otro lado, garantizar la calidad y la seguridad alimentaria es fundamental en un programa tan sensible como el PAE, lo que justifica la necesidad de ciertos estándares técnicos. Sin embargo, estos deben ser equilibrados y no excluir a la mayoría de los potenciales proveedores.
El reto de balancear calidad y transparencia
La discusión en torno al proceso de contratación del PAE en Pitalito plantea un dilema entre garantizar altos estándares de calidad y promover la participación amplia de oferentes.
Mientras se desarrollan las investigaciones de la Procuraduría, la administración municipal deberá demostrar que el proceso cumple con los principios de transparencia y eficiencia establecidos en la ley. Por su parte, las autoridades de control tendrán la tarea de determinar si las condiciones establecidas son razonables o si constituyen una barrera injustificada para la competencia.
El desenlace de este caso será clave no solo para los estudiantes de Pitalito, sino también como referencia para mejorar los procesos de contratación pública en programas esenciales para la población.
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