Un total de 108 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando una investigación formal sobre los ataques militares ocurridos en septiembre y octubre en el mar Caribe, los cuales, según los firmantes, “parecen constituir ejecuciones extrajudiciales” y carecen de base legal tanto en el derecho estadounidense como en el internacional.
El documento, dirigido al Comité de Servicios Armados del Senado y a su homólogo en la Cámara de Representantes, advierte que las recientes operaciones militares contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico “representan una escalada ilegal y peligrosa” que podría derivar en violaciones graves de derechos humanos y afectar directamente a países del Caribe y América Latina, incluida Colombia.
“Instamos respetuosamente al Congreso a investigar formalmente los ataques militares letales ocurridos en el Mar Caribe y el despliegue de la Guardia Nacional y personal militar con fines policiales dentro del territorio estadounidense”, señala la carta.
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Denuncian abuso de poder y una “guerra contra las drogas fallida”
Las organizaciones también acusan al presidente Donald Trump de abuso de poder, afirmando que su política antidrogas representa “una peligrosa intensificación de la fallida guerra contra las drogas”, tanto en el extranjero como dentro del país, donde la Guardia Nacional ha sido desplegada en varias ciudades para tareas policiales.
Entre los firmantes figuran reconocidas entidades internacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF) de Estados Unidos, y el International Drug Policy Consortium (IDPC), con sede en Reino Unido.
De Colombia suscribieron la carta organizaciones como Acción Técnica Social, Dejusticia: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, y Elementa DD.HH., todas con amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos y en políticas de reducción de daños asociados al consumo de drogas.
Piden frenar operaciones y establecer controles legislativos
El comunicado solicita al Congreso estadounidense detener nuevas operaciones de este tipo y limitar la autoridad del Ejecutivo para ordenar ataques militares sin supervisión legislativa.
“Instamos a ejercer una supervisión congresional enérgica, prevenir más asesinatos de este tipo, garantizar rendición de cuentas ante la ley y establecer límites legales y financieros claros a las amplias pretensiones del Ejecutivo de tener autoridad para llevar a cabo ataques letales”, puntualiza la carta.
Las organizaciones firmantes coincidieron en que estos hechos podrían sentar un precedente grave para la región, al permitir que operaciones armadas con consecuencias fatales se desarrollen sin control institucional ni transparencia pública, lo que —advirtieron— “amenaza el equilibrio democrático y los derechos fundamentales en América Latina y el Caribe”.
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