La Procuraduría General de la Nación pidió a los alcaldes municipales del departamento del Tolima, informar las acciones implementadas en sus territorios para garantizar la protección y derechos de los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación.
El ente de control verifica el cumplimiento de la Directiva PGN 001 de 2020, la cual establece lineamientos para la protección y garantía de los derechos fundamentales de los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica, en el marco del Acuerdo Final de Paz.
A través de la Provincial de Instrucción de Ibagué, el ente de control requirió confirmar si en los Planes Integrales de Prevención (2020-2025), se han formulado acciones para esta población, su ejecución y soportes correspondientes. También solicitó informar si se ha realizado un diagnóstico de riesgo y qué medidas se han adoptado. En caso de no haberlo hecho, la entidad territorial deberá indicar cómo se cumplirá con lo establecido en la directiva y presentar un cronograma.
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Adicionalmente, los alcaldes deberán reportar si cuentan con una mesa de reincorporación activa, si en el Plan de Desarrollo Municipal, se incluyeron proyectos dirigidos a esta población y si el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla estrategias para su protección.
La cifra de excombatientes asesinados en 2024 -tanto la de la JEP como la de Indepaz – es, sin embargo, la más baja desde que se firmó el Acuerdo de Paz hace ocho años. 2019 fue el año más difícil para los firmantes de paz, con 85 homicidios, seguido de 2020 con 82 casos, según la JEP.
El asesinato de firmantes ha sido uno de los grandes retos que ha dejado el proceso de reincorporación y un fenómeno que, a pesar de disminuir sus cifras en los últimos dos años, ha dejado impunidad y muchos interrogantes sobre quién podría estar detrás de los homicidios selectivos.
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