Por Carlos Yepes A.
En el Congreso se libra, otra vez, el pulso de fin de año: ¿el Presupuesto General de la Nación (PGN) saldrá por ley o por decreto? Al cierre de esta columna, no hubo acuerdo en las comisiones económicas y todo indica que el Gobierno alistaría la expedición por decreto de un PGN cercano a $557 billones, reabriendo un debate jurídico sobre si por esa vía puede asumir facultades que, por Constitución, otorga el Legislativo (traslados de partidas, vigencias futuras). Sería el segundo año consecutivo sin presupuesto aprobado por el Congreso, una señal institucional inconveniente.
¿Cuáles son las opciones sobre la mesa? Tres escenarios resumen el pulso fiscal y político: Primero: Aprobar el monto completo ($556,9 billones) y tramitar en paralelo una Ley de Financiamiento para cubrir $26,3 billones. Ventaja: evita recortes inmediatos y preserva la agenda del Plan Nacional de Desarrollo. Riesgo: eleva la presión sobre el déficit y depende de una reforma tributaria incierta. Segundo: Reducir el monto ($8 a $12 billones), concentrando el ajuste en funcionamiento para proteger inversión prioritaria. Es la salida de equilibrio: envía una señal de responsabilidad fiscal y abre un espacio real de negociación Congreso–Gobierno y, tercero: Aprobar solo lo financiado ($530,6 billones) y llevar el resto del debate a las comisiones terceras. Es técnicamente sólido y respeta la regla fiscal, pero difícil de sostener políticamente por su impacto en la inversión.
¿Qué significa esto para el Huila? Que nuestras prioridades dependen de la ruta que se escoja. Proyectos como el SETP de Neiva, la conexión La Plata -Belén y las iniciativas de agua y saneamiento requieren certezas de caja y cronogramas estables; el aplazamiento y la desfinanciación ya han mostrado su costo en tiempos y en calidad de vida. Cualquier decisión que retrase adiciones, traslados o cofinanciaciones puede volver a dejar estos proyectos en el limbo.
Por eso, más que entrar en la pelea de narrativas, propongo tres tareas prácticas para la dirigencia regional, alcaldías y gremios del Huila: Primera: Blindar técnicamente los proyectos: diseños listos, cierres financieros y cronogramas verificables para competir por recursos en un contexto de mayor escrutinio fiscal. Segunda: Priorizar inversión estratégica: en cualquier ajuste, defender movilidad (SETP, Ruta 45–Pericongo), conectividad regional y agua potable, los rubros que más impactan competitividad y salud pública y, tercera: Control político con cifras: si hay decreto, vigilar su alcance y exigir que no se use para reasignar discrecionalmente recursos que afecten a las regiones; si hay ley, respaldar una reducción focalizada que proteja la inversión social y productiva.
La discusión nacional es fiscal; nuestro reto debe ser aterrizarla a las urgencias locales. Hacerlo con cabeza fría implica aceptar que el presupuesto debe ser creíble y financiado, pero también sensible a las brechas del territorio. En el Huila, cada mes de atraso en transporte, vías y saneamiento se traduce en menor empleo, más costos logísticos y oportunidades perdidas para nuestros campesinos y microempresarios.
En conclusión, abogamos por que prime el equilibrio. Un acuerdo que reduzca gasto ineficiente, preserve la inversión clave y dé claridad jurídica es lo responsable para el país y para el Huila. Ese es el espíritu de un “Acuerdo para Vivir Mejor”: disciplina fiscal con foco social, menos ruido y más ejecución donde de verdad nos cambia la vida.
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