El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, a través de una solicitud formal radicada el lunes 21 de abril, pidió la anulación del fallo emitido por el Consejo de Estado que prohibió la transmisión del Consejo de Ministros en canales privados de televisión. La petición será estudiada por la Sala Plena del alto tribunal, en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el órgano judicial en relación con los límites de la difusión institucional y el derecho a la información en Colombia.
La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado resolviera, el 11 de abril de 2025, una acción de tutela presentada por el senador Miguel Uribe, perteneciente al partido Centro Democrático. En la demanda se argumentó que la emisión recurrente de los encuentros del gabinete a través de medios privados vulneraba el principio de pluralismo informativo y afectaba la diversidad de contenidos que deberían tener los ciudadanos a su disposición, especialmente durante los horarios de mayor audiencia.
De acuerdo con el texto del fallo, “la transmisión constante de estas reuniones, especialmente en horario de máxima audiencia, vulneraba el derecho a la información plural de los ciudadanos”. En este sentido, el Consejo de Estado prohibió la difusión de las sesiones del Consejo de Ministros por los canales privados, instando a la Presidencia de la República a abstenerse de continuar con esta práctica.
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Sin embargo, la misma sentencia precisó que la medida no obstaculiza la emisión de este tipo de contenidos a través de los canales oficiales del Estado, como Señal Colombia o el Canal Institucional, siempre que se garantice la pluralidad de la información y se respete la autonomía de los ciudadanos para decidir si desean o no consumir estos contenidos. La disposición buscó equilibrar el derecho a la información gubernamental con el acceso a contenidos alternativos por parte de la audiencia.
Ante esta situación, la Presidencia de la República reaccionó con una solicitud de nulidad del fallo, bajo el argumento de que la decisión representa una limitación injustificada a su capacidad de comunicación con la ciudadanía y que las transmisiones del Consejo de Ministros constituyen un ejercicio legítimo de rendición de cuentas.
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