El presidente Gustavo Petro calificó como “allanamiento ilegal” el procedimiento judicial realizado en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia (Atlántico). La Corte Suprema de Justicia respaldó la actuación de la magistrada Cristina Lombana y rechazó los ataques verbales del ministro.
La controversia política y judicial estalló este martes luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara en defensa del ministro del Interior, Armando Benedetti, cuya residencia fue allanada por orden de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.
“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, escribió el mandatario en su cuenta de X, sin mencionar directamente a Lombana. El comentario fue una respuesta al mensaje del propio Benedetti, quien denunció que durante el operativo “30 hombres fuertemente armados” ingresaron a su casa, retuvieron a sus empleados y accedieron al celular de su esposa.
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Benedetti calificó el procedimiento como irregular y lanzó duras críticas contra la magistrada, a quien llamó “demente, loca y delincuente”. Su esposa, Angelina Guerrero, también relató presuntos abusos durante el allanamiento, asegurando que fue intimidada y despojada de su teléfono celular por los funcionarios.
Ante las declaraciones del ministro y del presidente, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que rechazó las descalificaciones personales y los ataques verbales de Benedetti hacia la magistrada Lombana, advirtiendo que este tipo de expresiones “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.
El alto tribunal además respaldó la legalidad de la diligencia judicial, recordando que las decisiones en la etapa investigativa son adoptadas “de manera exclusiva y autónoma” por cada despacho, y precisó que en la Sala de Instrucción sí existen varios procesos activos en contra del ministro Benedetti.
El caso, que combina tensiones políticas y judiciales, sigue generando debate público sobre los límites del poder y la independencia de la justicia en Colombia.
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