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Petro presentó terna para reemplazo en la Corte Constitucional

Abr 15, 2025

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El presidente Gustavo Petro Urrego, dio a conocer este martes la terna de aspirantes para ocupar el cargo de magistrada o magistrado en la Corte Constitucional, en reemplazo de Cristina Pardo Schlesinger, cuyo periodo finaliza próximamente.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario anunció:

“He decidido presentar la siguiente terna para que el Senado escoja magistrada o magistrado que integre la Corte Constitucional: Karena Caselles Hernández, Dídima Rico Chavarro y Héctor Alfonso Carvajal Londoño”.

¿Quiénes son los ternados?

Karena Caselles Hernández
Abogada de la Universidad Santo Tomás, especializada en Derecho Constitucional y Administrativo del Rosario, con maestría en Derecho Laboral del Externado y doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia judicial incluye haber sido magistrada encargada y auxiliar en la Corte Constitucional, así como en la Corte Suprema de Justicia. También fue juez de la República y docente en reconocidas universidades del país.

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Dídima Rico Chavarro
Doctora en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional. Se ha desempeñado como magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y ha liderado procesos académicos e investigativos sobre derechos humanos y justicia penal. Es profesora universitaria y autora de artículos en revistas especializadas en ciencias penales.

Héctor Alfonso Carvajal Londoño
Abogado bogotano, exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, asesor del Ministerio de Justicia y conjuez en varias altas cortes. Es especialista en Derecho Procesal Civil y Administrativo, con maestría en Derecho Público. Fundador de la firma Carvajal Londoño Abogados, ha ejercido como consultor en asuntos jurídicos de interés público.

La elección del nuevo magistrado o magistrada está ahora en manos del Senado de la República, que deberá evaluar los perfiles presentados por el Ejecutivo y tomar una decisión que tendrá implicaciones clave en la interpretación constitucional del país durante los próximos años.

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