La tranquilidad en la zona rural de Campoalegre volvió a sacudirse tras la aparición de nuevas pancartas atribuidas a las disidencias. La comunidad, sorprendida y preocupada, exige respuestas mientras las autoridades activan los protocolos de verificación.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
El país volvió a quedar envuelto en una tormenta política y judicial tras la difusión de una investigación periodística que reveló presuntos nexos entre altos miembros de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y estructuras de las disidencias de las Farc. Frente al descomunal impacto mediático que provocaron esos hallazgos, el presidente Gustavo Petro negó rotundamente cualquier conexión entre su Gobierno, la Fuerza Pública y grupos armados, y denunció que detrás de las filtraciones existiría una estrategia para desprestigiar a quienes —según él— han enfrentado la corrupción interna.
Mientras tanto, la controversia se expandió a otros frentes: el general Juan Miguel Huertas, uno de los principales señalados, defendió su honor y negó todas las acusaciones; y la vicepresidenta Francia Márquez fue salpicada por supuestas conversaciones divulgadas en los archivos incautados a alias Calarcá, lo que generó una rápida reacción del sector político. En paralelo, el Ministerio de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Militares anunciaron investigaciones internas para esclarecer la situación.
A continuación, un panorama detallado del escándalo que tiene al país sumido en nuevas tensiones institucionales.
Petro niega nexos y habla de “uso político” de informes de inteligencia
La primera reacción del presidente llegó a través de su cuenta de X. Allí rechazó de manera categórica las versiones según las cuales existirían informes de inteligencia que vinculan a altos funcionarios y miembros de la Fuerza Pública con disidencias al mando de alias Calarcá. También negó que hubiera existido algún tipo de influencia de estas estructuras en su campaña presidencial de 2022.
“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsas”, escribió Petro, quien insistió en que todo obedece a un intento de manipular políticamente la información que circula alrededor del caso.
Según el mandatario, las filtraciones divulgadas por Noticias Caracol no solo están descontextualizadas, sino que buscan apartar del camino a los funcionarios que han contribuido a exponer redes internas de corrupción.
Para él, detrás del escándalo se esconde una operación destinada a “purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos». Como ejemplo, recordó el robo de armas en La Guajira y la entrega de permisos para crear compañías de seguridad presuntamente utilizadas por criminales.
Petro también señaló que la suspensión de negocios ilícitos —que aseguró funcionaban antes de su gobierno— generó fuertes resistencias en quienes se beneficiaban de estas operaciones. “Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo”, afirmó.
En medio de los señalamientos, el presidente propuso que los informes de inteligencia sean desclasificados en tiempos prudenciales para evitar usos indebidos. A su juicio, la contrainteligencia debe actuar para detectar vínculos irregulares dentro de la fuerza pública y no para “hacer uso político de la información”.
General Juan Miguel Huertas: “Se busca afectar mi honor y mi nombre”
El general Juan Miguel Huertas, recién reincorporado al Ejército Nacional para liderar el Comando de Personal, es uno de los protagonistas del escándalo. Tras la investigación que lo señala de entregar información clave a las disidencias de alias Calarcá, el oficial publicó una carta en la que rechazó de manera “tajante y absoluta” cualquier vínculo con organizaciones ilegales.
Según Noticias Caracol, los archivos analizados durante un año de investigación incluirían chats, correos, documentos y fotos que comprometerían tanto a Huertas como a Wilmer Mejía, funcionario de la DNI. En el material se describen supuestas empresas fachada creadas para facilitar la movilidad de armas y guerrilleros, contactos dentro del Gobierno, protección en retenes y presunta entrega de códigos de frecuencias militares.
Huertas negó cada uno de los señalamientos. Dijo que nunca participó en reuniones ni acuerdos con grupos ilegales, y explicó que en condición de retiro no tenía mando, tropa ni autoridad operativa para influir en decisiones estratégicas.
El general también calificó como falsas las afirmaciones sobre reuniones en Venezuela con disidentes. Según él, cualquier viaje fuera del país fue estrictamente personal o académico. Para Huertas, la información mencionada “carece de soporte probatorio fundado” y solo contiene “verdades a medias”.
Con un mensaje firme, insistió en que toda su carrera estuvo guiada por la Constitución, la transparencia y el respeto por la legalidad, sin haber sido investigado por autoridades judiciales o disciplinarias: “Mi única motivación profesional siempre ha sido la defensa y el servicio a Colombia”.
Francia Márquez, en el epicentro del debate
Uno de los puntos más sensibles de la investigación periodística recae en las supuestas conversaciones reveladas entre alias Iván Mordisco y Danilo Alvizú, líder del frente Carolina Ramírez. Noticias Caracol divulgó un diálogo en el que se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como intermediaria en presuntas gestiones de recursos entre las disidencias y la campaña presidencial de 2022.
En la conversación, fechada el 24 de marzo de 2024, Mordisco afirma que “todo se hizo a través de Francia Márquez”, en referencia a presuntos acuerdos con el fallecido cabecilla Mayimbú. Incluso expresa que posee pruebas que podrían “tumbar a Petro”.
Estas revelaciones provocaron un fuerte remezón político. La precandidata presidencial Vicky Dávila pidió a Márquez aclarar de inmediato la naturaleza de los supuestos acuerdos mencionados en el material difundido. Según Dávila, el país necesita saber cuál fue el rol de tales pactos en la campaña presidencial.
María Fernanda Cabal, por su parte, calificó las revelaciones como un “megaescándalo” e insinuó que las decisiones operativas del Gobierno respecto a los bombardeos contra las disidencias podrían estar relacionadas con ese entramado.
Hasta el momento, Francia Márquez no ha ofrecido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones, lo que ha aumentado la presión política en su entorno.
Fuerzas Militares abren investigación interna
Ante el impacto nacional del reportaje, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, anunció la apertura de una investigación formal dentro del Ejército para determinar la veracidad de los hechos.
Cubides manifestó que la institución actuará “de manera diligente y transparente” y reiteró la política de cero tolerancia a la ilegalidad. Para el comandante, cualquier conducta que se aparte de los principios de la Fuerza Pública deberá ser sancionada.
Según el exministro de Defensa Diego Molano, el retiro anterior del general Huertas se dio por decisiones basadas en “información de inteligencia, contrainteligencia, desempeño y lealtad con la patria”. Molano recordó que existían reportes que motivaron la salida del general, bajo discrecionalidad presidencial.
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La posición del Ministerio de Defensa: “Cooperación con criminales es una línea roja”
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció frente al caso. Aseguró que el Gobierno entregará toda la cooperación necesaria a la Fiscalía y que ninguna conducta delictiva será tolerada por la Fuerza Pública.
Sánchez fue enfático: “La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”. Además, advirtió que la suspensión de la orden de captura de alias Calarcá debido a la Ley de Paz Total no significa un permiso para delinquir.
El ministro recordó que tanto Calarcá como Iván Mordisco están vinculados a graves delitos como reclutamiento de menores, secuestro, extorsión y narcotráfico. Por ello, si las Fuerzas Militares los sorprenden delinquiendo, deberán proceder a su captura inmediata.
Una investigación que crece y desborda lo político
La magnitud del escándalo tiene implicaciones profundas: involucra al Gobierno, a la Fuerza Pública, a organismos de inteligencia, a líderes guerrilleros y a la propia vicepresidenta. El país enfrenta un escenario de alta tensión política, mientras la Fiscalía, la Procuraduría, el Ejército y el Ministerio de Defensa avanzan en investigaciones paralelas.
Las revelaciones del reportaje dejan en evidencia una posible infiltración de las disidencias en instituciones que deberían tener el más alto estándar de seguridad y confidencialidad.
Petro, por su parte, insiste en que todo forma parte de un ataque político destinado a detener las investigaciones internas contra redes de corrupción. Mientras tanto, sus opositores exigen explicaciones claras sobre las menciones a su campaña presidencial y sobre el rol de funcionarios clave en este entramado.
Lo cierto es que el país aún desconoce la profundidad real del escándalo. Lo que empezó como un reportaje periodístico amenaza con convertirse en uno de los episodios más complejos para el Gobierno en la recta final de su mandato.
El desenlace dependerá ahora de las investigaciones oficiales, la transparencia institucional y la capacidad del Estado para desmontar —o confirmar— el entramado que hoy sacude a Colombia.
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