La revelación de un informe interno llevó al presidente Gustavo Petro a denunciar un entramado que, durante décadas, habría puesto al sector de vigilancia privada al servicio del crimen organizado. El mandatario advirtió graves hallazgos sobre empresas fachada, armas desaparecidas y posibles alianzas con estructuras ilegales.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
El presidente Gustavo Petro reabrió una polémica de grandes proporciones al denunciar, mediante un extenso mensaje en sus redes sociales, irregularidades históricas en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Con base en un informe elaborado por Yennifer Parra, exsuperintendente de Vigilancia y hoy directora de Unidad Solidaria, el mandatario aseguró que existe “un entramado que ha permitido que la institucionalidad y los permisos estén al servicio del crimen organizado”.
Sus declaraciones se conocieron una semana después del informe de Noticias Caracol que reveló los presuntos planes de disidencias de las Farc para crear empresas fachada con el fin de obtener armas, movilidad legal y accesos institucionales
Una estructura gigantesca bajo la lupa
Petro reveló cifras inéditas sobre el tamaño de la industria de vigilancia privada: actualmente operan 1.351 compañías con servicios activos, entre ellas 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Todas se encuentran bajo investigación formal por instrucción presidencial.
“Estas empresas manejan hombres, armas y carros blindados”, recalcó el presidente, señalando la magnitud del riesgo que representa un sector con control débil y presuntas infiltraciones criminales.
El mandatario afirmó que su administración es la primera en detectar cómo la Superintendencia de Vigilancia habría sido instrumentalizada durante años para “armar criminales” mediante el otorgamiento irregular de licencias.
El hallazgo más grave: 62.664 armas desaparecidas
Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con la falta de control sobre el armamento privado. Petro aseguró que 197 empresas inactivas reportaron la tenencia de 62.664 armas de las cuales no existe certeza sobre su paradero actual.
La verificación cruzada entre la Superintendencia y la Dijín reveló que parte de ese armamento fue incautado en operativos contra bandas dedicadas a homicidios, extorsiones y porte ilegal. Varios números de serie coincidieron con armas usadas por el crimen organizado.
“El país debe saber dónde están esas armas”, escribió Petro, cuestionando que gobiernos anteriores no hubieran investigado este vacío crítico.
Empresas fachada y licencias irregulares
La revisión también desembocó en sanciones y procesos judiciales. Según Petro, 16 licencias fueron canceladas por irregularidades en su trámite. Además, empresas como Sara Ltda., Securbel Ltda. y Pretoria Ltda. habrían servido como fachadas para entregar credenciales a miembros de organizaciones criminales.
Entre los supuestos beneficiarios mencionó a alias ‘Terror’, cabecilla del Clan del Golfo, y alias ‘Pichi Belén’, presunto jefe de la Oficina de Envigado.
En Barranquilla, las autoridades ejecutaron operativos en cinco empresas donde encontraron escoltas, socios y representantes legales con investigaciones por homicidio, extorsión y hurto. Estas compañías tenían 696 personas en operación, 21 vehículos y 483 armas en circulación. En Bogotá, cuatro licencias fueron suspendidas por presuntos vínculos con lavado de activos.
Infiltraciones que alcanzan esferas institucionales
El contexto se volvió aún más delicado tras conocerse el informe de Noticias Caracol, según el cual la facción disidente liderada por alias Calarcá habría diseñado un plan para crear empresas fachada con apoyo de altos funcionarios. En los correos incautados al jefe disidente se mencionan reuniones con el general del Ejército Juan Miguel Huertas y con Wílmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La Fiscalía confirmó la autenticidad de los documentos citados, mientras que la Procuraduría ordenó la suspensión provisional de los funcionarios involucrados.
Un sector bajo presión y un Gobierno decidido a intervenir
El presidente aseguró que las acciones estatales para depurar el sector afectan “intereses criminales, políticos y económicos”, y que esto explica la resistencia frente a la información revelada. La investigación sigue avanzando y, según el Gobierno, se avecinan nuevas decisiones administrativas y penales.
