El presidente Gustavo Petro denunció que en Colombia se han perdido más de 62.000 armas de fuego oficiales, situación que calificó como una amenaza directa a la seguridad del país.
La alerta se basa en una investigación adelantada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que evidenció fallas estructurales en el control sobre empresas de seguridad y armamento autorizado.
“Hay 62.664 armas de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene”, afirmó el jefe de Estado, señalando que muchas de ellas podrían estar en manos de estructuras criminales. Petro añadió que 197 empresas con licencia vigente aparecen como inactivas en los sistemas oficiales, lo que significa que operan sin control estatal.
Fallas en el sistema de vigilancia
El mandatario criticó con dureza el sistema de información de la Supervigilancia, calificándolo de “chimbo, disperso y vulnerable”, lo que —según él— permitió que durante décadas no existiera un seguimiento efectivo al uso de armas y personal armado en el país. La investigación reveló que desde 1993 no se había realizado una depuración real de las armas registradas, permitiendo que estas circularan sin trazabilidad.
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A las armas registradas oficialmente, Petro sumó otras 20.000 que —dijo— habrían sido entregadas en su momento por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, a estructuras de autodefensas. “Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado”, advirtió.
Empresas fachada y capturas
Como parte de esta investigación, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, ha logrado identificar vínculos entre algunas empresas de seguridad y estructuras del crimen organizado. En los últimos días, fueron capturados tres representantes legales de compañías señaladas de facilitar armamento a personas vinculadas con bandas como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.
Entre los detenidos están el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán (r) José Omar Urrego Chitiva, y Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa Sara LTDA. Las capturas se realizaron en Bogotá y Barranquilla. Además, las autoridades incautaron más de 100 armas, municiones, celulares y dispositivos de almacenamiento de datos.
La Fiscalía imputó a los detenidos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según las pesquisas, estas empresas habrían facilitado permisos como escoltas a personas con antecedentes judiciales, así como el alquiler fraudulento de armas.
De acuerdo con el informe presentado, las armas suministradas por las empresas involucradas fueron utilizadas por personas vinculadas a la fuga de alias ‘Matamba’ de la cárcel La Picota. Entre los receptores se mencionan alias ‘El Caballista’, Jesús Martín Bello, alias ‘Pájaro’ y alias ‘Terror’, todos con nexos previos con organizaciones armadas ilegales como las AUC y el Clan del Golfo.
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